promoción. El bloque de pisos construido en Ciutadella, prácticamente listo, pero sin poder ser ocupado por falta de licencias - Archivo

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Unas semanas atrás, la promotora Temple Servicios Inmobiliarios SL ya advirtió que estaba dispuesto a llevar al Ayuntamiento de Ciutadella ante los tribunales si el Consistorio no contestaba a la petición que realizó a principios de año. Ante la pasividad del Ayuntamiento, la promotora ha decidido hacer realidad su amenaza, y ha presentado un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears denunciando el silencio del Consistorio durante más de nueve meses a una petición de licencia.

La promotora valenciana es la responsable del bloque de pisos que se levanta en el Camí de Sant Joan de Missa. La empresa paró en su momento la construcción porque, víctima de la burbuja inmobiliaria, entró en concurso de acreedores. Logró superar esta situación, retomó el proyecto de Ciutadella y al acabar las obras, solicitó las licencias de primera ocupación de las viviendas. En una primera instancia, según consta en la denuncia que obra en manos de este periódico, le fueron denegadas tales licencias. Ante este hecho, la empresa presentó un escrito ante el Ayuntamiento solicitando que el Consistorio reconociera su responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados al promotor. Este escrito se presentó el 26 de enero de 2011. Desde entonces, la promotora no ha recibido ninguna respuesta.

Con este panorama, Temple Servicios Inmobiliarios SL entiende que su reclamación de responsabilidad patrimonial ha sido desestimada por el llamado silencio administrativo negativo, al transcurrir el plazo máximo para dictar y notificar una resolución. Esta decisión resulta "contraria a derecho y lesiva para los intereses de la empresa", según consta en la denuncia, por lo que ha acudido a la vía judicial. La empresa no ha querido hacer pública la cantidad económica que reclama al Ayuntamiento.

Fuentes de la promotora consultadas por este periódico aseguran que el daño que ha causado el Consistorio a la promotora es cuantioso, puesto que, explican, una vez que ha conseguido superar el concurso de creditores, ahora las administraciones frenan un proyecto prácticamente acabado, y del que la gran mayoría de las viviendas ya están vendidas, pero no pueden ser ocupadas por sus nuevos propietarios.