Los centros de Menorca, un ejemplo en el conjunto del Estado, se ven en complicaciones por los recortes en las administraciones públicas - DM

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La tormenta sobre la situación de las 'escoletes' no escampa. A la situación de impagos de la que ha informado este periódico durante estos días, y que ha puesto en peligro el servicio de calefacción en los centros directamente dependientes del Govern, se añade ahora la denuncia de la Asociación Empresarial de Escuelas de Educación Infantil de Menorca, que representa a doce 'escoletes' de la Isla. Este colectivo avisa de las consecuencias que pueden tener las medidas adoptadas desde el Ejecutivo balear, como no abonar las ayudas comprometidas este año, o rebajar el apoyo económico de cara al próximo año.

Cabe recordar, en este sentido, que el Ejecutivo autonómico ha decidido no convocar las ayudas previstas para este año, con la que las 'escoletes' hacían frente a parte de sus gastos. El Govern alega que ya no hay tiempo de hacerlo, y se remite a las aportaciones que realizará ya el próximo año, pero eso sí, advierte que el importe será menor. Si hasta ahora se destinaban 4.000 euros por cada aula, el próximo año la cantidad será menor, aunque a día de hoy no se sabe cuánta será la diferencia.

La Asociación Empresarial de Escuelas de Educación Infantil de Menorca tacha de "incumplimiento de los compromisos establecidos con el curso empezado". Así, explica que las 'escoletes' ya contaban con esos ingresos para hacer frente a sus gastos, y que conociendo la decisión del Govern con el curso en marcha, "se crean unos desajustes importantísimos, que posiblemente recaerán, en las instituciones más próximas, que no tienen ninguna responsabilidad en el recorte y que han demostrado una trayectoria de compromiso real con la educación de 0 a 3 años". En esta misma línea se manifiesta Maria Camps, representante del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de les Illes Balears (STEI). "Los Ayuntamientos están con el agua al cuello, y no pueden aumentar su dotación. La situación, realmente, es muy preocupante".

Ante este panorama, los gestores de la mayoría de las 'escoletes' avisan de que los recortes en las ayudas públicas implicarán medidas para contrarrestar la falta de ingresos. Sobre la mesa, la Asociación sitúa tres opciones: "Un aumento de las aportaciones de los ayuntamientos o del Consell, un incremento de las cuotas de los padres, o una rebaja en los sueldos de las maestras, que a día de hoy ya son sustancialmente más bajos que los de las maestras de los centros gestionados directamente por la administración y los de la educación concertada de las etapas superiores".

Desde el STEI, Maria Camps advierte que cualquiera de estas medidas podría tener efectos colaterales. Las administraciones, asegura, no tienen suficientes recursos económicos, aunque añade que "es cuestión de priorizar y escoger a qué destinas el poco dinero que tienes". Sobre un hipotético aumento de las cuotas que pagan los padres, Maria Camps avisa que "si se incrementa el precio, bajará el número de matrículas, porque habrá gente que no podrá pagar, y entonces las cuotas deberán aumentarse aún más para cubrir los gastos. Además, estaremos alejando a la gente de esta etapa educativa fundamental". Si se opta por reducir los sueldos a las profesoras, bajará la calidad educativa, apunta Camps. Una solución alternativa que la sindicalista cree que podría estar barajando el Govern sería aumentar el número de alumnos por aula derogando un decreto de 2008, lo que también repercutiría en una peor calidad educativa.

Maria Camps teme que lo que, desde 2008, se considera una etapa educativa, acabe convirtiéndose de nuevo en una etapa puramente asistencial, es decir, pasar de las actuales 'escoletes' a las antiguas guarderías. En este sentido, Camps asegura que "lo que Bauzá definía en su campaña electoral como las autopistas de la educación se están convirtiendo en carreteras secundarias".

La Asociación Empresarial de Escuelas de Educación Infantil de Menorca ha solicitado una reunión con el Govern para clarificar la situación. La respuesta del Ejecutivo autonómico, aseguran, ha sido derivar el tema a la directora general de Planificación y Centros.