Pesca. Balears es la única comunidad autónoma que no tiene una ley que regule la actividad - Gemma Andreu

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Balears es la única comunidad autónoma con una actividad pesquera que no cuenta con una ley propia. La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio que dirige Gabriel Company dio la semana pasada el primer paso al respecto al presentar el anteproyecto de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura que obedece a la necesidad de contar con un documento que sirva para resolver conflictos y problemas propios del sector. Ordenar la situación competencial entre el Govern y los consells y disponer de una ley que marque los principios generales sobre los que podrán actuar las instituciones insulares son algunos de los motivos que esgrimió el conseller por los que le urge avanzar en esta normativa. El sector cree "necesaria" la aprobación de esta ley para tener más áreas de competencia tanto en gestión política como medioambiental. Aun así, los patrones mayores de las tres cofradías de la Isla coinciden en apuntar que la propuesta "está vacía de contenidos".

El patrón mayor de la cofradía de Ciutadella, Josep Caules, indica que la propuesta está tratada de una forma muy general y nada concreta en muchos puntos del articulado. No obstante, espera que el anteproyecto sea un punto de partida para aportar ideas y respuestas, por lo que solicita una participación activa del sector a la hora de elaborar y redactar decretos y órdenes para dotarla de contenidos. "En la forma estamos totalmente de acuerdo puesto que el documento obedece a una reivindicación histórica, pero en el fondo, deja mucho que desear". El patrón mayor de Fornells, Aleix Riera, opina que la urgencia nunca ha sido buena consejera y el anteproyecto así lo corrobora.

Más pedagogía

El sector no logra entender como el documento incluye un amplio despliegue de las sanciones y no contempla "medidas que provoquen un cambio de actitud para un uso más racional y sostenible de los recursos y dé supervivencia al sector", indica Josep Caules y añade que "la pesca está en estado precario, la ley debería contemplar medidas que ayuden a frenar la pérdida de puestos de trabajo en este sector porque no hay relevo generacional".

En este sentido, los tres patrones mayores creen que la pesca profesional se rige por una estricta regulación, unas exigencias que nunca han sido contempladas -y tampoco lo son según el anteproyecto- para la pesca recreativa. "El profesional sabe que los domingos no puede salir a faenar, en cambio, los recreativos no tienen límites", explica Aleix Riera a modo de ejemplo. Ello no quita que el sector profesional aplauda que las sanciones por pesca furtiva se hayan equiparado bastante para la pesca profesional y la recreativa con un incremento importante para el segundo caso.

Hasta el momento la legislación consideraba como un hecho grave que los pescadores aficionados vendan el pescado. Con la nueva normativa, pasa a ser un hecho muy grave lo que implica pasar de pagar 300 euros de sanción a 30.000 euros. En cambio, no llevar la licencia queda reducido a una amonestación, frente a los 300 euros que se estipulaban antes, siempre que se pueda demostrar que la licencia existe.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Maó, Josep Quintana, no duda de que aunque las multas tienen su repercusión, "la práctica furtiva seguirá en la Isla".
Por otro lado, el patrón mayor de Ciutadella solicita un registro de pesca recreativa para que el control del tonelaje de pescado extraído no sólo se realice con la pesca profesional sino que incluya a todos los colectivos que faenan en el mar.

Las cofradías piden además, y así lo han trasladado a la Conselleria, que se contemple la posibilidad de que el mar sea denominado y declarado Mar Balear o Mar de las Illes Balears por la singularidad del territorio. "Sería un buen instrumento para conseguir más competencias, evitar interferencias de algunas administraciones y dotar de más carácter y personalidad el conjunto de la comunidad", señala Caules.

El sector da un paso más, y exige que cada isla pueda disponer de un plan de gestión pesquera propio para que, conocedora de su entorno cada isla pudiera administrar su territorio estableciendo cómo, cuánto y cuándo faenar.