Ninguno de los imputados en el caso de "Ses Rates" irá a prisión. Así lo pactaron ayer el Ministerio Fiscal, los seis abogados de los seis acusados y la acusación popular ejercida por el PSOE y PSM. Un acuerdo de conformidad que cierra un caso cuyos hechos se remontan a más de siete años atrás, y precisamente este hecho, el retraso en la instrucción, ha contribuido de manera decisiva a que las condenas dictadas ayer fueran mucho menores que las que pedía el fiscal.
El principal imputado en esta causa, el exconcejal del Partit Menorquí (PMQ) Llorenç Casasnovas, fue condenado a un año de prisión por dos delitos, fraude y falsedad en documentación oficial. Además, se le impone una multa de 270 euros y se le inhabilita durante dos años para desempeñar cualquier cargo público.
Cabe recordar que el fiscal solicitaba, en su escrito de acusación, hasta siete años de prisión y 75.000 euros de multa, y le imputaba los delitos de malversación, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. Tras alcanzar el acuerdo entre las partes, y preguntado por el presidente del tribunal, Llorenç Casasnovas, como el resto de acusados, afirmó que admitía los hechos y que aceptaba la condena que se le imponía.
El otro excargo público que se condenó ayer fue Avel·lí Casasnovas, ex teniente de alcalde de Urbanismo con Llorenç Brondo y también expresidente de la junta local del PP de Ciutadella. Casasnovas fue finalmente acusado únicamente de fraude, y además en grado de tentativa y únicamente como colaborador necesario. Este hecho, juntamente con la distancia entre la comisión del delito y el juicio, redujo su condena a tres meses de prisión y a la misma multa que Llorenç Casasnovas, 270 euros. Frente al tribunal, quien fuera mano derecha de Llorenç Brondo aseguró también admitir los hechos relatados en el escrito del fiscal.
Aparte de estos dos excargos políticos, el tribunal dictó ayer otras cuatro sentencias. El empresario mallorquín Antoni Picó Ginard recibió la menor pena de todas las impuestas ayer, dos meses de prisión y 720 euros de multa, al considerar todas las partes que cometió el delito de fraude pero no como representante público, sino desde el ámbito privado.
Los tres extécnicos municipales corrieron diferente suerte. Maria Antonia Castro, encargada de las tasaciones de las fincas que originaron este caso, fue sentenciada a nueve meses de prisión por falsedad documental. Por su parte, el exdirector de Urbanismo, Xavier Quintana, y la redactora del informe jurídico que avalaba la permuta fraudulenta, Filomena Salord, fueron condenados a tres meses de prisión cada uno.
Cabe remarcar que, a pesar de las condenas impuestas, ninguno de los seis imputados ingresará en la prisión. Lo posibilita el hecho de que ninguno de ellos debe cumpliar una pena superior a los dos años de privación de libertad. Los abogados de Llorenç Casasnovas ya avisaron que solicitarán en su momento que no se ejecute la sentencia. El resto de letrados pidieron que la pena de prisión se cambie por el pago de una multa, que equivale a 6 euros por cada día que debían estar apresados.
El acuerdo que finalmente se alcanzó ayer parecía haberse descartado a primera hora de la mañana, a pesar de que durante el fin de semana se había estado negociando. El principal escollo para el pacto eran los excargos políticos, que se negaban a aceptar un acuerdo mediante el cual aparecieran como culpables. Por eso, y en contra de lo previsto, a las diez y media de la mañana se iniciaba la vista oral en la sala de audiencias número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Allí, los abogados formularon lo que se conoce como cuestiones previas, es decir, dudas sobre el proceso que va a seguirse.
Ayer, tal como ya informó este periódico, las dudas eran dos. Por una parte, el abogado de Antoni Picó Ginard consideró que el caso debía ser juzgado por un tribunal popular, mientras que la defensa de Maria Antonia Castro solicitó que la causa volviera al Juzgado de lo Penal de Maó.
El debate sobre estas cuestiones fue denso, y en el transcurso del mismo, el Ministerio Fiscal apuntó la posibilidad de ampliar el número de cargos que pesaban sobre los acusados, al añadir el de prevaricación administrativa para todos ellos menos para Antoni Picó. Esta posibilidad fue rechazada de plano por la defensa, lo que obligó a un receso. Eran las doce del mediodía, y entonces empezó a cerrarse un acuerdo definitivo entre las partes.
La posibilidad de que finalmente se celebrara un juicio, e incluso que éste pudiera acabar en manos de un tribunal popular, sirvió para acabar de convencer a las partes reticentes al acuerdo, según aseguraron a este periódico fuentes jurídicas. Además, en algunos de los casos existía la voluntad de no demorar un proceso demasiado largo, tanto que alguno de los letrados planteó que, si se alargaba más, podría incurrirse en dilaciones indebidas, es decir, en un retraso injustificable. Finalmente, el acuerdo se cerró en aproximadamente una hora, y satisfizo a todas las partes implicadas en el caso.
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