Avaladores. El exalcalde Andreu Moll y la actual concejala Gemma Fernández aprobaron la licencia - Archivo

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El Consell, a través del consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico, ha decidido abrir un expediente al Ayuntamiento de Es Migjorn Gran por haber concedido, en el anterior mandato, una licencia de dudosa legalidad. Así se podía leer ayer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que exime de cualquier responsabilidad a los promotores de las obras amparadas bajo esta licencia. De hecho, según se desprende del texto publicado en el BOIB, el expediente se concretará en este caso en el exalcalde, Andreu Moll, y la concejala y candidata a la alcaldía del PP en 2011, Gemma Fernández.

Así, en el año 2008 un inspector del Consorcio levantó acta de unas obras que se realizaban sin licencia municipal en la finca de Biniatzem, y se inició un expediente de disciplina urbanística. En concreto, la actuación que motivó la intervención del Consorcio fue la construcción de instalaciones para ganado vacuno. El Consorcio abrió el expediente disciplinario correspondiente y, tras insistir en varias ocasiones al Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, fue en octubre del pasado año cuando el Consistorio dio respuesta al Consorcio. Comunicó al organismo supramunicipal que en setiembre de 2010, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran (entonces gobernado en minoría por el Partido Popular) concedió, según consta en el BOIB, licencia de obra mayor para las actuaciones que se estaban realizando en la finca. Con esta decisión, desde el Consorcio apuntan que debe entenderse que las obras que eran objeto del expediente disciplinario quedaron legalizadas, puesto que en julio de 2011 se concedió licencia de primera ocupación de las obras. Además, y con la normativa en la mano, el Consorcio aclara que, en el caso de haberse cometido una infracción urbanística por parte de los promotores de las obras, ésta sería de carácter leve "porque si por parte del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran se considera que las obras son legalizables, esto debe responder al escaso daño directo y de importancia de las actuaciones llevadas a cabo desde el punto de vista municipal".

No obstante, desde el Consorcio apuntan que la concesión de la licencia en setiembre de 2010 por parte del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran se realizó con dos informes en contra de esta decisión, uno jurídico y otro técnico. Fue en una comisión municipal donde el entonces alcalde, Andreu Moll, y Gemma Fernández, quien optó a la alcaldía en las pasadas elecciones, votaron a favor de la concesión de la licencia a pesar de la existencia de estos dos informes contrarios, mientras que Jaume Riudavets, también edil del PP, se abstuvo.

Estos hechos, según un informe del Consorcio, "podrían suponer una infracción urbanística por vulnerar el ordenamiento jurídico y por no estar amparada la concesión de la licencia en informes favorables". Así, el técnico que firma el informe recuerda que la normativa fija que en aquellas obras amparadas en una licencia cuyo contenido sea constitutivo de una infracción grave "serán sancionados también los facultativos que hubieran informado favorablemente el proyecto y los miembros de la Corporación que hubieran votado a favor de la concesión de la licencia sin el informe técnico previo o cuando éste fuera desfavorable".

En base a estos hechos, el presidente del Consorcio, Cristóbal Huguet, ha decidido archivar el expediente de disciplina urbanística sobre la finca de Biniatzem, pero a su vez ha dispuesto la incoación del expediente sancionador por la concesión de la licencia en setiembre de 2010. Si se lee la normativa que regula este expediente, queda claro que los responsables últimos de esta decisión son los miembros de la Corporación municipal que desatendieron los informes existentes y votaron en contra de estos en base a su propio criterio. Es decir, en este caso Andreu Moll y Gemma Fernández.

En el informe de este caso, el técnico del Consorcio añadía que existía también la opción de que el Consorcio impugnara la licencia concedida por el Ayuntamiento, pero en la resolución que firma el presidente del organismo no figura esta decisión.