Unió des Poble de Ciutadella ha extendido su acusación por el caso CITUR al exsecretario municipal, Santiago Saura, al exjefe de Contratación del consistorio, José María de Simón Chueca, y a algunos de los imputados que la titular del Juzgado número 2, Raquel Martínez Codina, exculpa en el último auto, con el que dicta el final de la instrucción. Se trata de Gisela Loran Benavent, de Taller d'Enginyeria Ambiental SL, el arquitecto Miguel Ángel Mayol, la representante de la empresa J. Stayco SL, Gemma Julia Arellano Abia, y la exarquitecta municipal Marián Castro, para los que la instructora del caso declaró el pasado 10 de abril el sobreseimiento parcial y provisional de las actuaciones.
El escrito de acusación particular registrado el pasado lunes por UPCM en los juzgados aumenta significativamente la petición de penas a los que considera principales protagonistas de la trama: el exalcalde Llorenç Brondo; los exconcejales Gabriel Cardona y Avel·lí Casasnovas; el gerente de SAB, Javier Liy; y su testaferro Daniel Aguiló Ferretjans. No hace llegar UPCM sus acusaciones a algunos de los imputados sobre los que no tiene la "certeza total y absoluta" acerca de su implicación, como es el caso, por ejemplo, del gerente de Serpro Sport, Manel Mercadal, o del hombre que diseñó el logo de CITUR, Javier Mariscal. Los excluye –explicó ayer el presidente de la formación, Joan Triay- al no tener el "convencimiento íntimo" de que forman parte de la trama. "No tenemos clara al cien por cien su implicación personal. Sí que, como mínimo, se les puede atribuir una falta de ética en su modo de proceder, pero, claro, esto no es perseguible penalmente".
UPCM pide penas sancionables con varias decenas de años de cárcel para los principales imputados cuya participación en los 17 hechos que se relatan en el escrito de acusación considera probada, si bien la aplicación del artículo 74 del Código Penal permitirá agrupar todos estos ilícitos bajo la figura del concurso de delitos, con lo que se rebajará, sensiblemente, la petición de años. También pide que los acusados abonen solidariamente 236.677,60 euros al Ayuntamiento de Ciutadella en concepto de indemnización.
"Concierto para el fraude"
UPCM establece en su acusación que Gabriel Cardona y el gerente de la empresa SAB, Javier Liy, se concertaron, en el período de tiempo comprendido entre el 2004 y el 2008, para realizar una serie de adjudicaciones fraudulentas que repercutieron "en perjuicio del erario municipal" y que devinieron en "lucro ilegítimo y desproporcionado" de la empresa adjudicataria del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella.
Ambos "extendieron ese concierto" al exalcalde Llorenç Brondo y al exconcejal de Urbanismo y antiguo presidente del Consorci Pla Mirall de Ciutadella durante el mandato 2003-2007, Avel·lí Casasnovas. El hecho que SAB ostentara la gerencia del PDPT entre noviembre de 2006 y noviembre de 2008 "facilitó, sin duda, esos manejos en perjuicio de las arcas municipales", según UPCM. Dos meses después que el escándalo CITUR estallara en los medios, Liy presentó la renuncia de su empresa a la gerencia del Plan.
En el mismo sentido apuntado por la juez en su auto, el escrito de acusación de UPCM da por sentado que Cardona, valiéndose de su cargo, "se aseguraba que, material y formalmente, las adjudicaciones de cuantos procedimientos de contratación le interesaba fueran siempre para la empresa de Javier Liy, previamente contratada verbal e ilegalmente por el propio Cardona, ordenando para alcanzar sus propósitos al personal del área de turismo que dirigía la comisión de toda clase de irregularidades e induciéndoles a perpetrar varios ilícitos penales".
Trato de favor
Cuando, a principios del otoño de 2008, UPCM denunció públicamente los hechos, "Cardona –según recoge el escrito- había dado un salto cualitativo en la descarada escalada del trato de favor que dispensaba al gerente de SAB, porque durante el verano de 2008, Gabriel Cardona llegó a conseguir mediante sus maquinaciones la emisión desde el área de Turismo de sendos decretos mediante los que se resolvía adjudicar y hasta abonar a SAB proyectos que ni siquiera había realizado para el Ayuntamiento, como el de Cala en Brut, o que, como en el caso del proyecto de reforma de las oficinas de CITUR, habían elaborado los propios servicios técnicos municipales". Al verse descubierto, Cardona trató de "eliminar y destruir las pruebas de los delitos cometidos, sustituyendo unas resoluciones por otras, aunque, al menos en un caso, quedaron pruebas físicas documentales en fotocopia y en todos los casos pruebas en soporte informático".
Además, todos los supuestos aspirantes a los diferentes procesos de adjudicación "truculentos" contratados a SAB tienen, según UPCM, un "nexo común": su relación con Javier Liy, "que se encargaba de buscar a todos aquellos cuyos nombres o los de sus empresas –mediando o sin mediar el consentimiento de los interesados- figuraba que concurrían a los simulacros de adjudicación orquestados desde el área de Turismo de Ciutadella".
"Comparsas"
En algunas ocasiones, las empresas que hicieron de "comparsas" en estos expedientes asumieron ese papel "voluntariamente", a pesar del "engaño" a la Administración que su actuación entrañaba: son los casos confesados por Gemma Julia Arellano Abia, de la empresa J. Stayco SL, y de Gisela Loran Benavent, de Taller d'Enginyeria Ambiental SL, que reconoce que Javier Liy le comunicaba el importe de los presupuestos que iba a presentar y ella procedía en nombre de su empresa a remitir otros por importes más elevados. En otros casos –relata UPCM en su escrito- los particulares y empresas que figuran en esos procedimientos de adjudicación amañados fueron víctimas utilizadas "sin escrúpulos" por Javier Liy "sin ninguna autorización o conocimiento de los afectados", como es el caso del representante de una empresa, cuyo nombre y logo comercial "fue, con toda probabilidad, empleado sin ninguna intervención por su parte a partir de una tarjeta de visita", igual que con la empresa Comarca Global Consulting. Por último, otros aportaron voluntariamente documentos a Liy, "que fueron objeto de diferentes manipulaciones, reproducciones parciales y falsificaciones" para incorporarse a los expedientes de adjudicación, como es el caso de Miguel Ángel Mayol.
"Liy –afirma UPCM en el escrito- reclutaba entre sus allegados a profesionales o gerentes de empresas que –incluso en algunas ocasiones sin mediar el consentimiento de los propios afectados por el medio- figuraban en los procedimientos de adjudicaciones que previamente ya había contratado verbalmente Cardona a SAB". Para que ésta fuera invariablemente la adjudicataria de los trabajos, Cardona no reparaba en medios, "aunque esos medios –insiste Unió des Poble de Ciutadella- pasaran por incurrir en tráfico de influencias, fraude, malversación, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación, prevaricación y otros ilícitos penales".
Enlace: Caso CITUR, los hechos
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