Juzgados. Parece que está garantizada su existencia en Ciutadella a pesar de las alarmas que saltaron tras el anuncio de reorganización del CGPJ - Cris

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Ciutadella no perdería sus sedes judiciales ni se concentrarían todos los juzgados en Maó en el supuesto que se acometa la reorganización que propone el Consejo General del Poder Judicial con el objetivo de reducir de 431 a 190 los partidos judiciales en España, o lo que es lo mismo, en lo que afecta a Menorca, que se unifiquen las dos unidades, las de Maó y Ciutadella, con que cuenta la Isla.

Esta reorganización planteada solo se llevaría a cabo, según fuentes del CGPJ, si lo considera oportuno el Ministerio y las Cortes Generales.

Las alarmas quedan así diluidas, por ahora, después de la incertidumbre creada en Menorca (y en toda España) tras saberse que el CGPJ propone la reducción de partidos judiciales. El alcalde de Ciutadella, José María de Sintas, se puso en contacto con el delegado del Gobierno en Balears, José María Rodríguez, quien le garantizó que la localidad no perdería sus sedes judiciales. Igualmente, ayer mismo, el director insular de la Administración General del Estado en Menorca, Antoni Juaneda, en conversación con el primer edil de Ciutadella, se refirió al asunto en los mismos términos.

La propuesta

El pleno del CGPJ se reunió ayer en sesión extraordinaria para debatir su propuesta para la reorganización de los partidos judiciales del Estado. Su intención es renovar este concepto (circunscripción general de configuración circular, de un mínimo deseable de 50.000 habitantes y de una superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, a partir de unos 15 kilómetros de radio), recuerdan en su propuesta desde el CGPJ.

De hecho, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, con la que se crearon los partidos judiciales, estableció 422 unidades, la misma cifra de demarcaciones históricas existentes desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870.

Como señala el documento elaborado por el CGPJ, durante los últimos 24 años ha habido cambios notables en cuanto a demografía, flujos de población, polos industriales, desarrollo urbanístico, medios de transporte o tecnologías de la información y la comunicación. De ahí que consideren anticuada la división del Estado en esos 431 partidos y que propongan un nuevo diseño de mapa judicial, dividido por 190 demarcaciones y que a cada juzgado le correspondan más de 100.000 habitantes, y de manera que los ciudadanos no tengan que exceder una hora de trayecto para trasladarse hasta la sede judicial.

No se pierden juzgados

En el caso de Menorca, el paso de dos partidos judiciales a una única demarcación no tiene por qué suponer la pérdida de las sedes judiciales de Ciutadella ni la concentración de todos los juzgados en Maó.

Con el distrito único lo que se consigue es que, por ejemplo, los jueces de Ciutadella que ahora ven limitada su jurisdicción hasta Ferreries, Es Mercadal y Es Migjorn, con la reorganización pasen a tener una jurisdicción de alcance insular. E igual con los magistrados de Maó. De esta manera, se podrían concentrar en Maó o Ciutadella, por ejemplo, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, mientras que el juzgado de lo Social podría mantener su sede en un único municipio.

Con esto se consigue, según explicó ayer la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que pueda haber una especialización de los jueces, que se despliegue una nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes, que se puedan implantar gabinetes y servicios, y que sea más fácil aplicar las nuevas tecnologías que garanticen mayor proximidad y un mejor servicio público.

"Se trata de reorganizarlos en un nuevo diseño", manifestó Bravo sobre los partidos judiciales, aunque reconoció que en algunas poblaciones podrían desaparecer las sedes de determinadas jurisdicciones, como la penal o la civil, en función del nuevo mapa. Eso es, trasladado a Menorca, que quizá se podrían ubicar en Maó los juzgados de Primera Instancia y establecer en Ciutadella los juzgados de lo Penal. Sea como fuere, y manteniendo la voluntad de no reducir o eliminar juzgados, estos cambios propuestos no supondrían pérdidas de trabajadores.