La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada recientemente por el Gobierno de Rajoy pone en jaque a los ayuntamientos. Así lo alerta el alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, tras revisar el documento y topar con algunas "incongruencias" y "serias discriminaciones hacia las corporaciones locales" de las que "nadie se hace eco", señala.
Francesc Ametller acude al Artículo 14 de la norma que dice textualmente que "el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto". El alcalde socialista puntualiza, con ello, que si un ayuntamiento tiene problemas para llegar a fin de mes, con la aplicación de esta ley "primero deberá pagar la deuda bancaria antes que las nóminas de personal y cualquier otra prioridad municipal" con un "azote claro a las economías familiares".
Por otra parte, es contundente al rechazar que se obligue a los ayuntamientos con superávit a reducir su deuda. El Artículo 32 de la norma reza que en el caso de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará a reducir el endeudamiento neto.
Este artículo supone, según Ametller, una limitación de la autonomía política de cada administración que hasta el momento destinaba el remanente de tesorería (en caso de existir) a finalidades prioritarias o a invertir en proyectos de mejora del municipio.
"A los ayuntamientos que hacemos bien nuestro trabajo y conseguimos cerrar el ejercicio con superávit, a partir del próximo año deberemos olvidarnos de invertir para destinar parte de este remanente a eliminar la deuda con las entidades bancarias", lamenta Ametller.
Así, el alcalde remarca que esta medida "elimina la liquidez del Ayuntamiento" además de obligar indirectamente a las corporaciones locales a incrementar los impuestos para que las cuentas que se elaboren para el ejercicio sean las que generen ingresos sin contar con el superávit del año anterior.
Denuncia además que esta nueva normativa incrementa la burocracia puesto que obliga a las administraciones a presentar memorias del avance de la situación.
Según Ametller, esta ley es "incoherente" e "injusta" para aquellos ayuntamientos que han desarrollado correctamente su actividad municipal. Admite que hay municipios endeudados hasta el extremo y que por lo tanto "necesitan la aplicación de medidas más exigentes que encaucen sus cuentas".
Pero hay otras corporaciones locales que "han hecho los deberes" y por tanto, "no deberían medirse con la misma vara". Además, rechaza que todas las administraciones se incluyan en un saco cuando el verdadero "cáncer" de la economía está en las "comunidades autónomas".
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