Las empresas proveedoras de las instituciones menorquinas con facturas pendientes de cobro empezarán a percibir los importes en apenas unos días, después que los ayuntamientos hayan firmado ya los préstamos que el Instituto de Crédito Oficial facilita a través de diferentes entidades bancarias. A día de hoy, y cuando quedan apenas 24 horas para que concluya el plazo que establece el Real Decreto 4/12 de 24 de febrero, tan sólo queda por firmar el crédito del Consell, que lo hará mañana, el último día, con Bankia.
De los ocho ayuntamientos menorquines, sólo seis (todos menos Ciutadella y Sant Lluís) han sellado sus préstamos con alguna de siete entidades con presencia en Menorca fijadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso es, el BBVA, Bankinter, Santander, La Caixa, Sa Nostra, Banc de Sabadell y Bankia.
Según explicó el director del área económica del Ayuntamiento de Maó, Manolo Yebra, se trata de unos créditos a un plazo de 10 años, sin comisiones, con un interés del 5,939 por ciento, y que establece un periodo de carencia de dos años durante los cuales no se abonarán intereses. Los instituciones adheridas a este plan para el pago a los proveedores deberán satisfacer sus obligaciones con las entidades bancarias trimestralmente, no mensualmente como ocurre con los créditos habituales.
Proveedores fuera del plan
En todas las instituciones menorquinas se han dado casos de proveedores que han preferido no acogerse a esta solución que ha establecido el Gobierno central. Como señala la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, "ha habido gente que, por diferentes motivos, no se ha adherido" a la campaña. Eso implica, por contra, que "será complicado para el Ayuntamiento, que tendrá que pagar también a esos proveedores porque tienen derecho".
Esta decisión individual de cada proveedor de no sumarse a los préstamos ICO ha hecho que, al final, los créditos sean por unos importes menores a los previstos inicialmente cuando se calcularon las facturas pendientes de cobro. De igual modo, durante el tiempo que ha durado la tramitación y puesta en marcha de estas medidas extraordinarias por parte del Gobierno, las administraciones locales han ido pagando algunas facturas.
Así, el Ayuntamiento de Maó ha acabado firmando un crédito de 3.031.206,68 euros cuando había calculado 3,5 millones, el de Es Castell ha rebajado la cantidad de 860.000 a 843.000 euros y el de Es Migjorn Gran ha pasado de 540.000 a 457.748 euros. Pero no todas las instituciones han reducido sus estimaciones. Ejemplo de ello es el Consell, que las ha incrementado en casi medio millón de euros, con facturas pendientes desde hace siete años. La más antigua que se pagará con esta fórmula corresponde a 2005.
Ciutadella se queda fuera de la línea de ayudas y Sant Lluís no recurre a ella
El Ayuntamiento de Ciutadella está pendiente de que el Gobierno central intervenga las cuentas municipales debido a que el pleno no apoyó el plan de viabilidad presentado por el equipo de gobierno, por incluir una subida importante del Impuesto de Bienes Inmuebles. La falta de acuerdo ha impedido que Ciutadella haya podido acceder a esta línea de ayudas ICO para pagar a los proveedores.
Por otro lado, Sant Lluis es otro caso diferenciado. Debido a la poca cuantía de la deuda a proveedores, apenas 100.000 euros, el consistorio ha decidido hacer frente a los pagos con fondos propios. Para garantizar los pagos, el Gobierno descontará de las transferencias corrientes mensuales al ayuntamiento un porcentaje en previsión por si el consistorio no cumpliera sus compromisos con los proveedores. Así, Sant Lluis deberá certificar que ha abonado lo debido.
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