Favàritx y taxis, cubiertos por múltiples administraciones

En cualquier caso, el futuro está abierto pero no dibujado aunque el diagnosis es meridianamente claro, tal y como decía el economista Leopoldo Abadía en uno de sus artículos, "España es como una familia mal administrada, que gasta dinero en tonterías". A dos semanas para la celebración del Foro Menorca Illa del Rei el próximo día 14, en el que se ha planteado una reflexión acerca del proceso de transformación de las administraciones públicas, en un ejercicio de análisis sobre los objetivos que pretendemos como isla en un futuro próximo, de cómo queremos que sea la estructura de la Administración en 2020 en Menorca, vamos a poner sobre la mesa ejemplos sobre las incongruencias de presente que nos pasan hoy factura en el día a día de la Isla. Situaciones complejas en las que se produce una reflexión del ciudadano en saber cómo resolvería las situaciones que se producen.

El caso Favàritx: diez administraciones
Por todos conocido, Favàritx es uno de los enclaves más visitados de la costa norte de Menorca, que se distingue por la belleza de su paisaje y por las especiales características de sus playas, que lo abrazan a levante y poniente del mismo (fue integrado en el Parc Natural de s'Albufera des Grau en 2003). Además, la silueta de su faro le otorga una personalidad singular y al mismo tiempo lo sitúan como un punto estratégico, tal y como refleja la antigua batería de artillería que todavía se puede contemplar. El problema principal que sufre Favàritx es precisamente su gran afluencia, sobre todo en verano, que conlleva convertirlo en un caos circulatorio diario por culpa de la estrecha carretera de acceso, en la que los vehículos acaban aparcando en los laterales ya que no están previstas zonas de estacionamiento. Esto, por otro lado, impide el paso de otros vehículos de tamaño medio-grande que en caso de emergencia y genera sanciones de tráfico por aparcar en zonas no previstas.

Pero cuando se ha pretendido ordenar la zona por parte de la propia administración, se ha topado con la dificultad infinita de coordinar los diez organismos y administraciones que convergen en este punto, requiriendo cada trámite ordinario, un procedimiento de año y medio, a los que habría que añadir la propiedad privada de los terrenos. Esto ha generado que desde el año 2001, no se haya hecho ninguna actuación.

LOS TAXIS DE MENORCA:
12 administraciones

Uno de los ecosistemas más peculiares de la economía es, sin duda, el de los taxistas, tal y como pasa en casi todas las ciudades de nuestro país. En Menorca, en concreto, su idiosincrasia merece una atención especial para comprender la problemática a la que se ven afectados y en la que la administración, con su lentitud de acción, no es capaz de dar respuesta. Como punto de partida, cada taxi depende de cada uno de los ocho municipios de la Isla por el cuál se les expidió la licencia y por lo tanto, la regulación urbana es patrimonio de cada entidad municipal con el control pertinente de la Policía Local mientras que la regulación del sector en los tramos interurbanos corresponde al Consell, asumiendo el control respectivo la Guardia Civil. Además, otro de los puntos a saber es que los taxis de Menorca se encuentran conectados a dos emisoras distintas, con independencia del municipio al que pertenezcan. Cuando un cliente solicita un servicio, no puede reconocer la disponibilidad de la emisora con la que debe contactar y por lo tanto, cuando hay carga laboral, se hace imposible coordinar ambos servicios de manera eficiente. Esto provoca situaciones en la que los usuarios pueden llegar a tardar de 30 a 60 minutos para acceder al servicio. Así mismo, dada la guerra sectorial por el control del negocio, hace que dentro del mismo sector tampoco se pasen los servicios sin cobertura entre ellos y que al intentar unificar el sector en una única emisora, los taxistas de cada municipio interpelen a sus alcaldes respectivos para que defiendan los derechos adquiridos de cada uno de ellos.
Hace un año, cuando el Consell verificó dicha situación, decidió iniciar un proceso de unificación obligatoria en una única emisora para tratar de solventar estos problemas pero se topó, por un lado, con un proceso administrativo de aproximadamente un año o dos, que hacía que la respuesta pública no fuera ágil y por otro lado, con un sector en el que las partes, en lugar de mantenerse al margen, se dedicaban a oponerse al planteamiento general y contra ellos mismos.
En este caso, como vemos, confluyen los ocho ayuntamientos de la Isla por su implicación en las licencias, la Conselleria de Movilidad del Consell por su competencia en transporte, la Policía Local por la función de control en término urbano, la Guardia Civil por el tramo interurbano y el Govern, en la mesa del transporte además de los propios interesados, que son los taxis.