"Es imprescindible poner sentido común a la Administración Pública"

¿Qué conclusiones se deben extraer del Decreto Montoro sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración Pública?
La principal conclusión es poner sentido común a la administración pública y a todo el censo instrumental de esta administración. Es decir, la red de las diferentes administraciones local, insular, autonómica y europea, más todo el sector estatal de empresas publicas, consorcios y demás. Esto tendría que permitir hacer un análisis serio y profundo que tenga por objetivo dar un buen servicio a los ciudadanos, que atienda las necesidades reales de la sociedad y obtener una estructura administrativa adaptada a la realidad.

¿Cómo afectaría esto a nivel balear?
Quiero recordar que estamos hablando de un decreto que todavía no se ha aprobado y por lo tanto, no sabemos cómo quedará finalmente. Yo he dicho varias veces que en Balears y en Menorca, concretamente, por sus dimensiones a nivel poblacional y a nivel de administración, se tiene la oportunidad de poder hacer un planteamiento colectivo en el que intervengan todas las administraciones implicadas, todos los partidos políticos e incluso los principales colectivos sociales para, al menos, plantear, no decidir, escenarios que pudiesen ser viables para afrontar esta nueva realidad.

¿Puede concretar más, por favor?
Es decir, es necesario abrir un periodo de reflexión y de debate donde se pongan encima de la mesa todas aquellas cuestiones que puedan ir hacia este objetivo de conseguir una mejor administración. Le pongo un ejemplo. Hace pocos meses hemos renovado la firma del Pacto Local a través de la Federación de Municipios de las Illes Balears. En esta renovación se ponen a debate y análisis las competencias, por ejemplo, que tienen los ayuntamientos. De este análisis, se proponen directrices o planteamientos de cara a las administraciones para evitar duplicidades, a firmar convenios que delimiten bien las competencias municipales, insulares y autonómicas.

¿En qué cuestiones?
Hemos hecho algún paso significativo en cuestión de educación, en mantenimiento de las estructuras educativas. Como sabe, los ayuntamientos están obligados a poner el solar, el edificio, el portero, a pagar la luz y el agua de las escuelas de primaria. Por lo tanto, en esta comisión se han delimitado las inversiones que les corresponderían a los ayuntamientos y las inversiones que corresponderían a la conselleria de educación. Ahora estamos trabajando en ordenar las cuestión de los centros de salud porque pasa lo mismo en el sentido que hay ayuntamientos que pagan un administrativo, otros que no y eso se debe corregir.

¿Qué más se está haciendo?
Una de nuestras promesas a nivel electoral fue, precisamente, que la administración pública estuviera dimensionada a lo que el ciudadano quería. El ciudadano no quiere una administración lejana que tarde o no de respuesta. Nosotros, como Govern, una de las primeras medidas fue el plan de simplificación administrativa basada en otorgar seguridad jurídica, simplificar los procedimientos y apostar por las nuevas tecnologías con lo que a través de internet pueda realizar muchas de las gestiones. En este sentido ya tenemos un decreto de simplificación administrativa en trámite de información pública que esperamos aprobar a final de año. Hemos impulsado un estudio de cargas administrativas de lo que supone para el ciudadano llevar a cabo determinadas gestiones. La idea es que en cuatro años hayamos hecho un avance importante en el que, por ejemplo, esté en marcha el archivo interadministrativo por el que se permita que todas las administraciones públicas puedan compartir una serie de documentación básica que el administrado haya depositado previamente en ese archivo virtual con el objetivo que no se haya de aportar reiteradamente un documento que la administración ya tenga o pueda conseguir de otra.

¿Está de acuerdo en lo que promulga el Decreto de otorgar más poder al Consell Insular rebajando competencias a los ayuntamientos?
Creo que los ayuntamientos deberían asumir, al menos, las competencias que les otorga la legislación actual y ceñirnos a dichas competencias. Lo que espero de esta nueva normativa es que clarifique estas competencias que los ayuntamientos han asumido o están asumiendo. De hecho, existe un clamor unánime de estas entidades locales en que se clarifique esta codificación de competencias. Por su parte, el Consell está claro que tiene una funciones y que es el gobierno de Menorca pero tiene unas particularidades que lo diferencian substancialmente del gobierno balear como su falta de autonomía financiera, cuestiones entre otras, que se debería analizar.

¿Tienen, pues que asumir más protagonismo los Consells o no?
Yo soy una persona de consenso y siempre digo que las cosas se deben hacer con el máximo consenso posible a nivel institucional y a nivel político. Está claro que las fuerzas mayoritarias se deben poner de acuerdo en este nuevo diseño a nivel institucional. Buscar acuerdos y tener la complicidad del Estado.

¿Harán falta menos ayuntamientos?
Repito, esta y otras decisiones deben ser compartidas por todas las fuerzas políticas y las administraciones. Además, pienso que no es tanto que haya un ayuntamiento más o menos sino que los servicios que se presten sean eficientes y ajustados a la demanda del ciudadano. Si hay que mancomunar servicios debe ser por consenso y no por obligación, porque la obligatoriedad debe ser el último remedio.

¿Cómo se debe resolver la dependencia económica que tiene el Consell del Govern Balear y que ahora se refleja en una deuda importante que provoca falta de liquidez?
La deuda importante proviene del lastro de déficit que hay acumulado a nivel de comunidad autónoma, a nivel de Consell y de ayuntamientos. Ahora nuestra tarea prioritaria se ha de concentrar en reducir el déficit, clarificar las competencias de las administraciones y gestionando de forma eficaz los recursos. Con estas tres claves creo que podremos salir de esta difícil situación.

¿Deberían tener poder recaudatorio los Consells?
Todo se puede estudiar.

¿Que le parece la reclamación que hace el Cercle d'Economia de Menorca en la que insta a que el Govern haga el traspaso de las competencias de promoción turística que marca el propio Estatut de 2007?
El momento económico no permite según qué tipo de traspaso. Poniendo un ejemplo le diré que cuando tomamos posesión, nos encontramos con la posibilidad de recibir las competencias en materia de Justicia por parte del Estado. Nuestra comunidad autónoma sabe que por muy bien dotada económicamente venga con 60 o 90 millones de euros, siempre será una competencia deficitaria. Por lo tanto, la conclusión es que si se traspasa la competencia tal y como establece el Estatut, con la voluntad del Consell y del Govern, debe ser una competencia bien dotada. Si no lo está, prefiero que no venga.

Por lo tanto, está bien como está....
Si y además, soy partidario de aprovechar las sinergias. Menorca, sola, tendrá menos fuerza si lo hace sin Balears y ésta tendrá más fuerza si se une a la marca España. Hay que aprovechar estas dinámicas.

Hace poco que se ha concretado la posibilidad de que les administraciones públicas puedan realizar EROS. ¿Se está preparando el terreno?
Ahora mismo, a nivel de Govern Balear, no en cuanto a función pública.

La medida va, sobre todo, destinada a supresión del personal laboral, de personal de las empresas públicas...
En las empresas públicas ya se está haciendo este trabajo a través de la oficina de control presupuestario con el objetivo de frenar el déficit, amortizando plazas A nivel de función pública, no se está trabajando, repito.

¿Qué espera del Foro, como máximo responsable de administraciones públicas del Govern?
El Foro puede tener un objetivo muy claro de iniciar el debate y la reflexión. Menorca, por sus dimensiones, puede ser un laboratorio para obtener experiencias interesantes.