Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas - Javier

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"Ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos son los responsables de la situación financiera actual".

El secretario de Estado de Administraciones públicas, Antonio Beteta, defendió ayer el respeto del Gobierno por los Estatutos de Autonomía, aunque remarcó que tanto las comunidades como las corporaciones locales han gastado hasta el momento más de lo debido y han incurrido en déficits excesivos ya que, según dijo, "han cometido el error de querer ser mini-Estados".

En esta línea, el exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid indicó que el Ejecutivo trabaja a día de hoy para conseguir reducir el déficit, una medida que permitirá resolver las dudas de Bruselas sobre las comunidades. "Tanto Europa como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional creen que el problema de la gestión del déficit reside en las autonomías", admitió.

Por otro lado, Beteta manifestó que un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales ha revelado que el gasto per cápita en competencias obligatorias en los municipios de menos de 5.000 habitantes (que suponen el 83 por ciento del total de municipios españoles) es de 2.813 euros, mientras que en los de más de 100.000 habitantes esta cifra se rebaja hasta los 652 euros.

En este punto, el secretario de Estado abogó por potenciar el papel de las diputaciones o los consells insulares hasta convertirlos en "grandes centrales de compra para la provisión de servicios".

Del mismo modo, el responsable del Gobierno central resaltó que la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local pretende poner orden y llevar la ley de estabilidad presupuestaria "hasta las últimas consecuencias".

Beteta apuntó que, al formar parte Estatutos de Autonomía del bloque constitucional, "no se moverá una sola competencia autonómica" y, por ello, el Gobierno actuará a través del ámbito municipal.

En concreto, especificó que los principios que inspiran el anteproyecto de la nueva normativa serán, entre otros, evitar las duplicidades, eliminar competencias "impropias", actualizar las competencias municipales, exigir el equilibrio presupuestario de las entidades locales, redimensionar el sector público local, buscar la adecuada prestación de servicios públicas reforzando el papel de las diputaciones provinciales, mejorar la transparencia y eficacia de las administraciones locales a través de la fiscalización de las cuentas.