Llucmajor. Una de las calles afectadas por la medida caracterizada por la estrechez de espacios - Javier

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Unos treinta vecinos del barrio de Dalt Sant Joan, en Maó, interpondrán un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Palma contra la decisión del Ayuntamiento de hacerles colocar un vado, con el pago de la correspondiente tasa anual, en las entradas de vehículos de sus domicilios.

El grupo de residentes alega que por la peculiaridad de sus calles deberían quedar exentos del requerimiento realizado por el Consistorio hace medio año, ya que estas vías simplemente no tienen aceras ni plazas de aparcamiento en sus lados. Se trata de calles muy estrechas y la mayoría no están ni asfaltadas. En el caso concreto de las conocidas como "casas de la GESA" se da la circunstancia que estas no están ni siquiera recepcionadas por el Ayuntamiento.

Algunos de los vecinos del barrio, residentes en calles en las que no hay aceras ni aparcamientos exteriores, han optado por la vía judicial toda vez que han visto rechazados las alegaciones presentadas en primera instancia y el recurso de reposición posterior, por lo que han agotado la vía administrativa sin la respuesta que esperaban por parte del Ayuntamiento.

Muchos de estos residentes en la zona de Dalt Sant Joan se reunieron hace diez días para analizar la situación y decidieron acudir a la Justicia para frustrar las intenciones del equipo de gobierno municipal de cobrarles un vado, que consideran injustas y con un claro afán recaudatorio.

Los argumentos aportados por el Consistorio en las dos denegaciones no les han convencido en absoluto, incluso algunos de ellos los consideran claramente contradictorios.

El proceso para la tramitación del recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo ya está en marcha. Los vecinos, 33 en estos momentos a expensas de que alguno más pueda sumarse a última hora, cuentan con un abogado al que están dando ya los preceptivos poderes apud-acta, han documentado en forma de prueba las características de sus calles a través de un notario y tienen previsto presentar el recurso a comienzos de la próxima semana.

Todo empezó hace seis meses, más o menos. El Ayuntamiento de Maó inició una campaña de regularización de los vados en las entradas de vehículos del municipio, con la intención de que pagara todo aquel al que le correspondía, puesto que el nuevo equipo de gobierno había detectado un claro desfase al respecto.

Así las cosas, los vecinos de Dalt Sant Joan, como el resto, recibieron un requerimiento para que tramitaran la adquisición de la placa y el pago de la correspondiente tasa. En aquel documento se especificaba que "el concepto tributario entrada de vehículos supone la utilización de la acera para el acceso rodado, y en ningún caso significa reserva de aparcamiento".

Así las cosas, algunos vecinos estimaron que no entraban en este supuesto al carecer sus calles de aceras y por ello tramitaron las alegaciones. Muchos de ellos emplearon un modelo único, facilitado por uno de los residentes a través de la web de la Asociación de Vecinos, que sin embargo se ha desvinculado totalmente del proceso y se ha limitado a facilitar algunos medios materiales, como la propia web y el local para las reuniones de los afectados.

La denegación masiva de las alegaciones conllevó otros tantos recursos de reposición, también con un modelo único. El rechazo a las primeras estipulaba que "el vado permanente no se justifica solo por la circulación de vehículos sobre las aceras, que también, sino por la posibilidad que desde o hacia el dominio público los vehículos entren o salgan de una propiedad privada".

Los vecinos insistieron en sus recursos en que ni la ordenanza municipal ni la ley de la que emana ofrecen otra interpretación de la obligatoriedad del pago del vado que no sea por el uso de la vía pública, ya sea en forma de utilización de la acera, modificación de la misma o de reserva de aparcamiento. Incluso aportan la definición de vado que ofrece la RAE, muy clara en este sentido. La respuesta al recurso fue negativa, desvinculado el uso de dominio público de la existencia de aceras, algo que los servicios jurídicos del Ayuntamiento pasaron a calificar de "irrelevante" a pesar de que en su requerimiento inicial era el motivo principal por el que se tenía que pagar el vado.

La Asociación de Vecinos se desvincula de la iniciativa

La Asociación de Vecinos de Dalt Sant Joan manifiesta, a preguntas de este diario, que no tiene nada que ver con el recurso que unos treinta vecinos del barrio presentarán al Tribunal Contencioso-Administrativo contra el requerimiento del Ayuntamiento de que paguen la tasa anual por tenencia de vado.

Reconoce que desde su web se han facilitado textos base para la presentación de las alegaciones y los recursos de reposición, pero afirma que siempre ha actuado a petición de algunos residentes para que otros vecinos tuvieran un modo de acceder a esta documentación y que estos han actuado de forma absolutamente ajena a la entidad.

La entidad no quiere que esta controversia afecte a sus relaciones con el Consistorio, por lo que su distanciamiento al respecto de la iniciativa de estos vecinos se hará a partir de ahora, si cabe, más evidente.