El acuerdo alcanzado entre defensa y acusación ha permitido que el juicio a diez personas acusadas de tráfico de drogas se haya saldado con unas condenas cuatro veces menores de las que se pedían inicialmente. La vista oral definitiva se celebró ayer por la mañana en Ciutadella, pero finalmente se convirtió en un trámite en el que todos los acusados ratificaron su conformidad con el acuerdo alcanzado, que evitará, según los letrados, que ninguno de ellos ingrese en prisión.
Antes del juicio, el Ministerio Fiscal solicitaba para nueve de los acusados una pena de doce años de prisión para cada uno de ellos, mientras que para una décima imputada se le pedían diez años de prisión. Además de la condena de privación de libertad, el fiscal pedía también una multa económica para cada uno de ellos de 633.556,59 euros, cantidad que justificaba asegurando que suponía el triple del valor de la droga incautada durante los diferentes apresamientos realizados a este grupo de personas.
Finalmente, el acuerdo rubricado ayer por todas las partes deja en tres años la condena de prisión para nueve de los acusados (Fermín Santamaría Blesa, Miguel Vidal Canadell, José María Ulher Fernández, Daniel Gil Muñoz, Carlos González Martínez, José Ramón González Martínez, Francisco Muñoz Florindo, Tristán Esquerdo Carreras Moysi y Silvana Daniela Rojas Gelmetti), a los que ya no se considera que formaran parte de un organigrama dedicado a la venta de cocaína y cannabis, sino que se asegura que se pusieron de acuerdo para prestarse ayuda y soporte entre sí para introducir y distribuir cocaína y cannabis.
El matiz es importante, porque implica una rebaja notable de la pena. Además, a todos ellos se les aplica el atenuante de toxicómanos, algo que, según el acuerdo firmado, provocaba que "tuvieran sus facultades volitivas y cognitivas mermadas". De este modo, mediate este atenuante, los condenados pueden evitar su ingreso en prisión siempre que los abogados lo soliciten y el magistrado del caso, Diego Gómez-Reino Delgado, así lo acepte.
Para la décima persona acusada, Marina Marcela Rojas Gelmetti, la pena es de dos años porque se la considera simplemente cómplice de los hechos. De este modo, la pena total de prisión suma 29 años, cuando en el escrito original del Ministerio Fiscal era de 118 años.
En lo que concierne a las sanciones económicas, éstas también quedan aproximadamente en una cuarta parte de lo que solicitaba el fiscal, pasando de 633.556,59 euros por persona para todos los acusados a finalmente 188.847,07 euros para nueve de los acusados, y 94.423,53 para la acusada de complicidad. En total, las multas a pagar ascienden a 1.794.047,2 euros, cuando inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba hasta 6.335.565 euros.
Algunos letrados ya avisaban ayer que será muy complicado que sus clientes puedan asumir el pago de estas cantidades, y en el propio acuerdo de conformidad se establece que estos pagos pueden sustituirse por entre uno y cuatro meses de arresto, según la cantidad a pagar. No obstante, algún abodago ya abría ayer la puerta a que incluso esta pena no deba cumplirse y pueda solicitarse su conmutación por otras penas, como servicios a la comunidad. Esto, no obstante, también dependerá de cada letrado y del juez.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.