Con la demolición del chalé construido en terrenos de Binifadet Sant Lluís ha escrito un nuevo episodio de un culebrón urbanístico que empezó en 2004 y que acumula ya ocho años de polémica. La maquinaria ha entrado en la propiedad y la casa se está convirtiendo en escombros.
El Ayuntamiento de Sant Lluís está ejecutando las obras de demolición por un coste aproximado de 180.000 euros. Está obligado a presentar el informe del derribo de la vivienda unifamiliar antes del próximo 18. Pero este ultimátum judicial que ha tenido que acatar el equipo de gobierno municipal no va a sellar el litigio.
Y es que la propiedad tiene interpuesto un expediente de responsabilidad patrimonial y reclama una indemnización, aun en fase de valoración, por un importe cifrado en su momento en 1,8 millones de euros (a los que hay que restar los 180.000 euros de la demolición ya asumidos por el Ayuntamiento). Pero esta cantidad deberá actualizarse en caso de que el juez estime aplicar intereses de demora, es decir, un 5 por ciento sobre la cantidad dictaminada.
El equipo de gobierno municipal estima que la indemnización a la que deberá hacer frente será menor, no obstante, sea cual sea la resolución final del juez, supondrá una losa para las arcas municipales.
El Consistorio, que tantea que la resolución final puede prolongarse por un plazo de unos dos años, indica que el litigio tiene muchas cuestiones aun por resolver. Y es que aunque la orden de paralización se hizo en abril no se comunicó al promotor hasta el mes de agosto puesto que "de palabra se le dijo que continuara porque la situación se arreglaría", señala el alcalde, Cristóbal Coll.
Si tomamos como referencia la primera fecha citada, las obras ejecutadas en aquel momento suponían un gasto de unos 100.000 euros, según el alcalde. Los cálculos, siempre estimativos, que baraja el Ayuntamiento y que en el mejor de los casos podría dictaminar el juez, oscilan en torno a los 300.000 euros. Esta cuantía deriva del coste de la obra ejecutada más los gastos ajenos a la ejecución de la obra como tasas, impuestos y honorarios del arquitecto y aparejador.
No obstante, el equipo de gobierno es consciente de que esta cifra puede dispararse si el juzgado estima otros factores, como que la anulación de una licencia municipal supone unos perjuicios, así como los daños morales causados o la inexistencia de notificación en el momento que se ordenó la paralización, entre otros aspectos.
El Ayuntamiento de Sant Lluís asume con pesar la decisión que ha tenido que adoptar y lamenta que se den circunstancias como ésta que afectarán directamente a los ciudadanos del municipio "y en unos momentos de grandes necesidades sociales". El alcalde, Cristóbal Coll, no duda en afirmar que "estas situaciones que crean tanto malestar e incomodidad, por las que has movido ficha desde el primer momento en que tomas el mando del Ayuntamiento para conseguir redireccionar la situación, hacen que valores si dejar el barco".
El Consistorio no cierra la puerta a posibles negociaciones con la propiedad de la finca para poder llegar a algún acuerdo. No obstante, opina que lo más oportuno legalmente es esperar a que la justicia dictamine.
Un acuerdo que llega tarde
Esta vía que plantea el Ayuntamiento de poder rubricar un acuerdo con la propiedad es, en concreto, el resquemor que tiene el arquitecto y propietario de la vivienda, Lluís Vives, quien lamenta que no se haya podido acordar ningún pacto para evitar una situación tan desagradable.
Es más, hace hincapié en esta falta de acuerdo con el Consell y el Ayuntamiento cuando se inició el proceso, momento en el que ya se plantearon posibles vías de solución como la conversión de la vivienda en un agroturismo o conseguir su declaración de interés general.
Recuerda que en el momento de la resolución del Juzgado de Primera Instancia las obras de construcción eran estructurales por lo que la indemnización solo se hubiera aplicado sobre esta parte ejecutada. No obstante, Vives revela que nunca hubo una orden judicial de paralización, por lo que las obras llegaron a su ejecución total.
Esta misma semana se ha presentado en el juzgado el proyecto ejecutivo de las obras. Vives defiende su prestigio profesional que no puede verse empañado por una situación de partió de un enfrentamiento político. Profesa además su máximo respecto a la ley.
Vives asegura sentirse víctima de las disputas políticas entre el alcalde del momento, Llorenç Carretero, y el PSM, que presentó el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo tomado. Y es por ello que, afectado por esta situación, reconoce que el caso reviste tanto daños económicos como morales.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.