Diez meses han transcurrido desde que la mesa de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Parlament admitiera a trámite la elaboración de una norma transitoria que permitiera adoptar medidas urgentes de ordenación sin tener que esperar a la revisión definitiva del Plan Territorial Insular. Pero este tiempo que no ha sido suficiente para ver sus frutos. El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, desveló ayer, en una comparecencia ante el pleno para informar de la situación actual de esta nueva figura, que el Ejecutivo insular "no ha conseguido los objetivos marcados, que apuntaban a 2012 como límite para tener aprobada la Norma". Asimismo, y teniendo en cuenta que el Ejecutivo insular cuenta con un plazo de un año a partir de la aprobación de la Ley para aprobar esta norma, Huguet avanzó que ya se ha planteado al Govern la posibilidad de modificar el redactado para suprimir los plazos y poder prorrogar su aprobación. Y es que, según el conseller, han sido necesarios una serie de documentos e informes que han retrasado el proceso. El conseller también puntualizó que "no contamos con los medios materiales suficientes para avanzar al ritmo adecuado". Y no descartó acudir a prestaciones externas para poder acortar el tiempo.
Huguet recordó que la Norma Territorial Transitoria permitirá agilizar los trámites en rústico sin que ello menoscabe la protección del territorio. Defendió la reactivación económica que posibilitará esta fórmula territorial revelando, a modo de ejemplo, que en 2012 se registraron 643 cédulas de habitabilidad frente a las 2.200 realizadas en 2007 y 2008.
Además de actualizar la información también "buscamos que sea transparente e inteligible para los ciudadanos" y es que, según el conseller, "una de las quejas que pesa es sobre la demora y la falta de previsión en las actuaciones en el campo". Huguet aseguró que los técnicos tienen muy avanzado el informe agroambiental para saber las necesidades y las dificultades que padece el campo a la hora de mejorar los establecimientos del sector primario o reparar las casas, entre otros aspectos. Es en este sentido que Huguet indicó que "cuando no haya aumento de volumen en zonas de interés comunitario probablemente se podrá disponer de autorización con una licencia directa".
En lo que se refiere al suelo urbano, en concreto, al crecimiento residencial y turístico, el máximo responsable insular en Ordenación del Territorio indicó que se "realizará en base a las hectáreas y no los habitantes".
Uno de los principales escollos con los que se está encontrando la Conselleria es la resolución de algunas cuestiones en las áreas de reconversión territorial. En este sentido, el departamento preguntó a los ayuntamientos qué áreas eran susceptibles a ser incorporadas. En estos momentos, se han manifestado Maó con la zona de Caparrot, Es Mercadal con Playas de Fornells y Arenal d'en Castell, Sant Lluís con Son Ganxo y Ciutadella con Santandria. A estas hay que añadir asimismo Son Bou y Sant Jaume de Alaior, donde se halla el terreno por el que la empresa promotora Cesgarden ha ganado un pleito al Consell que obliga a la Administración a pagar más de 16 millones de euros, una indemnización que Huguet cree que se podrá rebajar mediante la nueva norma transitoria. El conseller desveló además que el Govern no admitió las enmiendas presentadas por el Consell al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Ordenación Urbanística Sostenible por evitar "un urbanismo a la carta".
Si la Norma Territorial ya ha generado de por sí sospechas al considerar que se aleja del proceso de participación, transparencia y debate que supone un PTI, la comparecencia del conseller de Ordenación fue para la oposición "una clara escenificación de un fracaso que arrancó en 2011 con la campaña electoral del PP", según consideró la consellera del PSM, Maite Salord. Y es que tanto PSM como PSOE consideran que "las expectativas del PP al defender que la norma era la gran salvación, hoy ha quedado demostrado su error", apuntaba el conseller socialista Joan Marquès.
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