La deuda que mantiene la Comunidad Autónoma con los consells es uno de los problemas que más preocupa a los presidentes y que mantiene en jaque a las haciendas insulares. El Govern negocia con el Gobierno central para que los consells sean considerados como "unos proveedores más" de la Administración autonómica y que, de ese modo, el Govern pueda acogerse al futuro Plan de Pago a los Proveedores, a través del Fondo de Liquidez Autonómico, y de ese modo ponerse al día con los pagos pendientes a los consells.
El Parlament balear acordó el pasado día 2 por unanimidad de los grupos políticos instar al Govern al pago de dicha deuda, que asciende en total a unos 400 millones de euros; de esa cifra, 300 millones corresponden al Consell de Mallorca, 40 a cada uno de los consells de Menorca y Eivissa, y 15 millones al Consell de Formentera. La presidenta de Mallorca, Maria Salom, incidió especialmente en este tema durante su valoración de la III Conferencia de Presidentes celebrada ayer. "Es el problema más importante para el Consell de Mallorca, cuyo presupuesto actual es de 305 millones de euros y la deuda es de casi 300, ya que arrastramos una deuda histórica", aseguró.
Para Salom, si las conversaciones entre Madrid y el Ejecutivo balear llegan a buen término y los consells se consideran como proveedores de la Comunidad, para poder así cobrar, "eso nos permitirá respirar y atender nuestros pagos", un hecho que también destacó el presidente de Formentera, Jaume Ferrer.
Financiación
En cuanto a la Ley de Financiación de los Consells Insulars, el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, recordó que el pasado marzo se definió la hoja de ruta a seguir y que en estos momentos la Vicepresidencia Económica analiza "las aportaciones realizadas por los consells" para después, en una serie de reuniones bilaterales, negociar el articulado de la normativa. "La Ley tiene un único objetivo que es normalizar la situación financiera que tienen las instituciones, tanto el govern como los consells, con el objetivo basico de llegar a un equilibrio presupuestario, lo cual inmediatamente redundará en un crecimiento económico", señaló Bauzá tras la reunión.
Por su parte, el presidente menorquín, Santiago Tadeo, aseguró que la ley permitirá "poner orden en cierto desbarajuste" que existía hasta ahora en la financiación de las administraciones insulares, que debería haberse revisado en el año 2007.
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