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El Consell pretende repetir la experiencia del verano pasado y que los accesos a playas vírgenes, principalmente de Ciutadella, sean controlados por una entidad que favorezca la integración laboral de colectivos vulnerables, en concreto discapacitados. El procedimiento se ha abierto ya con la esperanza de poner iniciar el servicio aproximadamente el 20 de junio.

La fórmula, que recibe el nombre de contrato reservado, se estrenó el año pasado con la Fundació per a Persones amb Discapacitat como adjudicatario. El presupuesto inicial ronda los 49.500 euros más IVA, unos 4.000 euros más respecto al precio por el que se realizó esta actividad el verano de 2012.

Los trabajos encargados a la entidad que resulte elegida por la mesa de contratación consisten en vigilar y controlar los accesos a la playas de Cala en Turqueta, Son Saura, Macarella, La Vall y Binimel·là. Las funciones concretas de los ocho controladores que contempla el contrato son vigilar, ordenar el tráfico, guiar a los conductores hasta el aparcamiento, avisar sobre las incidencias, velar por el buen funcionamiento de los paneles informativos y limpiar estos espacios. Además se designará un coordinador, que asume la actualización de estos nueve paneles. En cuanto al material que aporta la entidad, figuran tres furgonetas, teléfonos móviles, material de limpieza y señales.

El periodo de prestación del servicio comprende 88 días, un periodo también ligeramente superior al verano de 2012. En principio el inicio se establece para el 20 de junio y el final para el 15 de septiembre, aunque esto se podría modificar levemente por cuestiones administrativas. Los horarios y la dotación de personal varía según la playa, y las empresas aspirantes pueden proponer ampliaciones horarias que afecten al conjunto del periodo de prestación del servicio.

Este tipo de contratos están recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se establece la posibilidad de reservar la adjudicación de determinados servicios a centros especiales de ocupación o programas de ocupación que cuenten con un mínimo del 70 por ciento de los trabajadores con algún tipo de discapacidad.