El Ayuntamiento de Maó se ha plantado ante Autoridad Portuaria de Balears (APB) después de acumular siete años de impagos y un total de 790.640,85 euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y también de categoría especial y ha decidido embargar dos de sus propiedades en el puerto: el edificio que actualmente funciona como punto de venta de productos pesqueros y una parcela colindante. A esta cifra habría que sumar los 127.844 euros de 2013, si bien en este caso no se puede computar como deuda ya que el periodo de cobro del presente ejercicio todavía no ha vencido.
"Si actuamos así con los ciudadanos, tenemos la obligación y el deber de hacer lo mismo con Autoridad Portuaria; en ningún caso les daremos un trato diferenciado", razonó ayer el concejal de Servicios Generales y Hacienda, Salvador Botella, quien puntualizó que, al margen de este procedimiento administrativo que ahora se encuentra en la fase de tasación, el Ayuntamiento mantiene abiertas las negociaciones con el organismo que preside José María Urrutia para tratar de encontrar una solución que evite el último paso: la subasta pública. De producirse, el cambio de titularidad no tendría porqué afectar al uso actual de los bienes.
Sorprende, sin embargo, que la dirección de APB desconozca este extremo. "A estas horas no tenemos constancia de que se haya procedido a embargar ninguna propiedad", señalaron fuentes consultadas. Tampoco reconocen la totalidad de la deuda que les atribuye el Ayuntamiento y, aunque no desvelaron el importe que ellos manejan, sí que precisaron que se trata de "una cantidad muy inferior".
Diferencias
La disconformidad estriba en el tributo de categoría especial que se aplica desde hace algo más de un lustro a los espacios ocupados por empresas concesionarias, es decir, aquellos que tienen una explotación económica por parte de terceros y que, sin embargo, repercute en el sujeto pasivo, en este caso Autoridad Portuaria. "Este IBI deberían asumirlo los concesionarios, no nosotros", esgrimieron estas mismas fuentes.
Pero este no es el único punto de fricción ya que APB denuncia también la existencia de errores catastrales, así como que se graven zonas abiertas o viales, algo que al Ayuntamiento de Maó se le escapa. "La Dirección General del Catastro es quien establece la valoración de los terrenos, por lo tanto a quien tienen que reclamar si no están de acuerdo es al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; nosotros nos limitamos a aplicar la norma", advirtieron.
El debate está muy vivo. Tanto es así que el último movimiento de Autoridad Portuaria ha sido la interposición de un recurso de reposición ante el consistorio. "Estamos ante un conflicto jurídico entre dos administraciones", indicaron desde el ente portuario, toda vez que declinaron hacer más valoraciones "a la espera de tener una información clara y detallada".
Es Castell
El de Maó no es el único ayuntamiento al que Autoridad Portuaria adeuda varias anualidades del IBI. El alcalde de Es Castell, Lluís Camps, reconoció ayer que en su caso la cantidad reclamada se remonta al año 2008, no 2006, y que suma, entre recargos e intereses, un total de 117.770 euros. Camps descartó por el momento emprender acciones similares a las ejecutadas en Maó y priorizó las negociaciones como vía para solucionar esta problemática. "Espero que nos convoquen como tarde dentro de un par de meses para tratar de resolver esta cuestión y después ya tomaremos la decisión que consideremos más oportuna para el municipio", comentó.
Este conflicto no se limita a Menorca. En los últimos años han sido varios los ayuntamientos que han denunciado la falta de cumplimiento tributario por parte de Autoridad Portuaria, no solo en Balears sino también en el resto del Estado, algo que reconocen desde la misma institución: "Sí, podemos decir que se trata de una problemática generalizada, pero desde Puertos únicamente pedimos una adecuación del IBI". Condenados a entenderse, falta saber hasta dónde estarán dispuestos a llegar unos y otros.
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