La pasada semana fue el Govern balear quien admitió que no sabe ni cuándo ni cómo va a ponerse en marcha la planta desaladora de Ciutadella. Esta semana el Ministerio de Medio Ambiente dijo prácticamente lo mismo, criticando lo que considera una falta de planificación por parte del anterior Gobierno al no diseñar las conexiones de la planta con los consumidores potenciales del agua desalada. Ayer, Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) salió al paso de estas críticas, cargando contra el proceso que se ha seguido hasta llegar al día de hoy con una desaladora acabada, pero sin producir ni una gota de agua y con un sobrecoste notable.
Así, Joan Triay entiende que la mala planificación de la desaladora no nace en el pasado mandato, sino que la planta ya fue mal planteada desde el principio. El concejal recuerda que "los promotores de la idea fueron el entonces ministro Jaume Matas y el PP de Ciutadella, y no previeron para nada las canalizaciones". De hecho, Triay apunta que "ni siquiera hablaban por aquel entonces de canalizar el agua desalada hasta el núcleo urbano porque pensaban que la desaladora debía suministrar solamente al área de Cap d'Artrutx, Cala en Bosc y Son Xoriguer, algo totalmente insuficiente para absorber la producción total de la planta a pleno rendimiento".
Según Triay, la falta de planificación del PP en su momento, que planteó incluso que la desaladora funcionara solamente cuando fuera necesario y más adelante dos posibles ampliaciones de la planta antes de construirla, han llevado a "tener que asumir enormes costes adicionales para la Administración debido a la inoperancia de la planta".
Para paliar la falta de clientes para la desaladora se plantea desde hace tiempo conectarla primero con los depósitos municipales de Es Caragolí y después con la otra punta de la Isla. Una iniciativa que, además de costes ambientales y energéticos, supondría un importante sobrecoste económico. Así, UPCM calcula que si para amortizar los 16,5 millones de euros que el Govern debe pagar por la planta (sin incluir los que ha aportado la Unión Europea) se proponía una tarifa de alrededor de 1,30 euros por metro cúbico de agua desalada, "para amortizar 25 millones de euros más de las conducciones hasta Maó y Es Caragolí la proporción resultante arrojaría una tarifa de 3,26 euros".
En este sentido, UPCM reclama un estudio de mercado para fijar el coste de bombear el agua desalada hasta Maó "para saber si hay alguien que acepte pagarlo".
Además, Triay reclama que el Govern asuma costes de inversión y de explotación de la desaladora como hace en otras partes, y no quiera repercutir todos los costes en la tarifa que van a pagar los consumidores finales.
Joan Triay critica también el coste final que ha tenido la construcción de la planta desaladora de Ciutadella. Así, a partir de cifras proporcionadas por el Govern balear, se sabe que el proyecto que debía costar 12.926.796 euros, según los cálculos del año 2003, finalmente ha supuesto un desembolso de 23.808.829 euros.
Esto supone un encarecimiento del 84 por ciento respecto al proyecto inicial calculado por el Ministerio, o lo que es lo mismo, 11 millones de euros más a pagar por los contribuyentes.
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