Hasta el jueves, si a usted se le quemaba parte la cocina porque se había despistado hablando por el teléfono móvil mientras le ardía el aceite de una paella olvidada sobre la vitrocerámica, o si se le había desmadrado la quema de rastrojos, la visita de los bomberos era susceptible de venir acompañada por una factura relativamente asequible para cualquier bolsillo, nunca más cara que el repintado de la cocina o una nueva valla para el huerto. En la práctica la cosa le salía gratis porque la factura, de hecho, nunca llegaba.
Desde el jueves la situación ha cambiado. Y es que el pasado día 15 entró en vigor con su publicación en el BOIB una nueva ordenanza sobre el precio de los servicios prestados por los bomberos, que actualiza la anterior, aprobada a finales de los ochenta y modificada por última vez a finales de los noventa. El Consell ha puesto al día las tarifas de los bomberos y, lo que es más importante, está dispuesto a empezar a cobrar por aquellas intervenciones de los profesionales del cuerpo cuando estén motivadas por claras negligencias o incendios intencionados, por situaciones que sean realmente flagrantes.
El conseller de Cooperación Local, Juan José Pons, comenta que, al menos en los últimos años, la tasa por los servicios prestados por los bomberos no se estaba cobrando en ningún caso. Uno de los motivos desde el año 2002 era que la ordenanza establecía los precios de las actuaciones en pesetas, sin que se hubiera realizado su conversión en euros, lo que convertía la normativa del Consell en inaplicable.
Las tarifas, además, estaban claramente desfasadas y nada tenían que ver con el coste real del trabajo realizado. Así las cosas, la hora de bombero se fijaba en 500 pesetas la hora y el uso de un vehículo de rescate, por ejemplo, a 1.000 pesetas la hora. Un incendio casero, con dos horas de intervención, cuatro bomberos, y un camión autobomba (2.000 euros la hora) hubiera salido al morador de la vivienda por unas 8.000 pesetas.
En la nueva ordenanza, los precios se han actualizado, lo que ha convellado que se multipliquen de forma considerable. Así las cosas, cada hora de bombero "raso" se cobrará, siempre que se considere que se tiene que pasar la factura al afectado, a casi 70 euros la hora, mientras que la hora del vehículo de rescate sube casi a 25 euros la hora. Unos precios mucho más disuasorios para aquellos que quieran jugar con fuego. "Ahora están mucho más ajustados a lo que cuesta de verdad el servicio", comenta Juan José Pons. El mismo incendio de antes, de considerarse provocado por una negligencia, le saldría al propietario de la casa o su aseguradora (según la póliza) por unos 600 euros.
Además, en la ordenanza ya derogada se establecía que se debían cobrar todos los servicios de los bomberos, sin más excepciones que los incendios forestales no provocados y los casos en los que el posible receptor de la factura tuviera unos ingresos especialmente bajos. Aún así, y como asegura el conseller, no se cobraba ninguno.
Ahora, y con la intención de que la ordenanza fiscal del Consell pase a ser realmente efectiva, se han detallado catorce supuestos en los que los bomberos pasarán a cobrar. Pero para garantizar que el contribuyente solo pase por caja cuando ha sido negligente o malhechor se establecen diez excepciones y bonificaciones, que no son aplicables, dice la ordenanza, cuando de por medio están compañías aseguradoras.
El cruce de supuestos y excepciones de pago permite llegar a la conclusión de que solo se paga a los bomberos en casos claros de negligencia o intencionalidad manifiesta. Así, por ejemplo, los bomberos cobran por la extinción de incendios solo "si se prueba la intencionalidad o negligencia del sujeto pasivo"; o cobran por intervenir en accidentes de tráfico pero realizan excepciones en todas aquellas acciones donde se produzca "asistencia a personas en situación de peligro". Se mantiene en la ordenanza actual la exención de pago para aquellas personas con ingresos reducidos.
El hecho de tener que demostrar la negligencia o intencionalidad es importante. Juan José Pons comenta que la Conselleria de Cooperación ejercerá de cobrador en función de los datos que reciba de los bomberos y de un informe técnico que se haya realizado sobre el incidente. "En la práctica se cobrará en los casos más flagrantes, en las cosas que sean más evidentes. El objetivo del Consell es tener una herramienta para poder aplicar, para reclamar en determinadas situaciones, no recaudar dinero".
En estos momentos la aplicación efectiva de la ordenanza está pendiente de la instalación por parte de la empresa pública SILME de un programa informático que permita introducir los datos relativos a la intervención de los bomberos, su transformación en factura a pagar y su trámite por parte de la Conselleria de Cooperación Local.
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