La nueva imputación a los directores relanza las críticas por abuso de poder

Además, se da la circunstancia de que a la directora del IES Joan Ramis i Ramis, Margarita Seguí, se le imputan unas acusaciones distintas a sus dos compañeros, puesto que en el consejo escolar de este centro no se votó el proyecto TIL enmendado, sinó que se desestimó por asentimiento. Así las cosas el instructor le atribuye dejación de funciones por no promover la aprobación del documento. En este caso la falta se rebaja a leve, con una sanción máxima de diez días de suspensión de empleo y sueldo, cuando Seguí estuvo casi dos meses suspendida de forma cautelar de todas sus funciones y acumula casi tres meses suspendida como directora.

El caso de Seguí confirma la sensación que existe entre los afectados de que simplemente la Conselleria ha buscado el modo de mantener abiertos los expedientes y no cerrarlos sin sanción, una vez demostrado que las acusaciones iniciales no tenían base legal.

Según la legislación actual, el director de un centro es el representante de la Conselleria de Educación en el mismo y, como recuerda el instructor en la notificación de esta semana, entre sus atribuciones está «cumplir y hacer cumplir las leyes y las disposiciones vigentes, y velar por su correcta aplicación en el centro». En esto se basa el instructor en su nueva acusación, ya que entiende que al votar en contra del proyecto TIL enmendado en el consejo escolar o consentir el asentimiento el director no veló por el cumplimiento de un texto legal. Los directores argumentan que ellos no ostentan el poder de condicionar el voto de los consejos escolares

La argumentación del instructor no convence a la oposición ni a los sindicatos. El STEI-i estudia la posibilidad de de denunciar por abuso de poder o prevaricación a los responsables de los expedientes. Acusa a la Conselleria de Educación de emplear prácticas «mafiosas para impedir la libre opinión del profesorado, su derecho a la libertad de voto en un órgano democrático». Asegura que no existe la ley que obligue a los directores a votar a favor de las disposiciones del Govern. Coincide con ello CCOO, quien incide en la dilación de los expedientes cuando el compromiso de la Conselleria era agilizarlos. Recuerda el sindicato que el PP de Maó presentó un texto al Consejo Escolar municipal por el que solicitaba conocer si otros directores no expedientados habían incumplido la normativa, y se pregunta «¿Qué queda de esto? Nada. Todo es mentira».

Desde el PSOE, Cristina Rita afirma que esta nueva acusación es «antidemocrática, contraria a la autonomía de los centros y un gravísimo intento de condicionar la libertad de voto y de expresión de los miembros de los consejos escolares», al tiempo que denuncia «el más que evidente agravio comparativo» cuando otros directores han hecho lo mismo.

El diputado del PSM, Nel Martí, ya denunció en su día la existencia de prevaricación o abuso de poder por parte de la Conselleria. Ayer reiteró su parecer y atribuyó al Govern «una gestión totalitaria», «es una pasada que no puedan votar lo que quieran, los profesionales son los técnicos en la materia, y tienen que pronunciarse en función de sus criterios, no según las instrucciones de su superior».

Los responsables de la Conselleria de Educación, por su parte, no consideraron oportuno ayer pronunciarse sobre este asunto.