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El eurodiputado y vicepresidente del grupo parlamentario en Bruselas Verdes-ALE, Raúl Romeva, ha advertido que «permitir las extracciones de petróleo en Baleares es cargarse todo un marco económico por una rentabilidad a corto plazo y que apenas durará unos diez años a lo sumo».

Romeva, de Iniciativa per Catalunya-Verds, se ha pronunciado así en Mahón durante la presentación de la conferencia-debate que se celebra hoy en Es Mercadal y en la que también participarán representantes locales del PP, PSOE, PSM, Iniciativa-Verds-Equo y Esquerra de Menorca.

Romeva ha advertido de que «las prospecciones que se quieren realizar son la puerta de entrada de muchas otras empresas porque si se permiten, otras compañías también vendrán a buscar combustibles fósiles».

El eurodiputado incidió en que esta industria podría destruir toda la economía basada en el turismo, la naturaleza y la pesca por un petróleo «que cada vez será más caro. Seguir apostando por los hidrocarburos es sucumbir».

Romeva ha apoyado amplias movilizaciones sociales para oponerse a los sondeos por lo que pueda conllevar en el futuro, aunque ha pedido a la sociedad balear que mire más allá en el tiempo y no se limite a luchar contra las prospecciones.

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«Hay que perseguir un cambio de modelo energético» que, a su juicio, debe vertebrarse en torno a la eficiencia energética, reducción de las emisiones de CO2 y la promoción de las energías renovables», ha dicho.

En este sentido ha hecho hincapié en que «hay que desmontar falsos mitos como que las renovables son caras por las primas a pagar».

Romeva ha explicado que «las centrales nucleares también están subvencionadas y nadie dice nada».

Ha afirmado que una popularización de las fuentes de energía renovable y del autoconsumo rebajaría aún más el coste de producción.

También ha pedido al respecto una ley de incompatibilidades para que los altos cargos del Gobierno no puedan trabajar después, al menos temporalmente, en los consejos de administración de ciertas empresas y puesto el ejemplo de los ex presidentes de gobierno y la industria energética.

Según Romeva estas relaciones ponen en tela de juicio algunas decisiones políticas adoptadas por el poder ejecutivo.