Carlos Silva.

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La familia de Carlos Silva Cortés, quien se suicidó en la cárcel de Menorca en abril de 2013, ha presentado un recurso de apelación contra el sobreseimiento del caso decretado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Maó.

La procuradora que representa a la familia, Ana María Hernández, y la abogada, Cristina Gómez, así lo han anunciado este lunes tras presentar un documento mediante el que apuntan que «existen sobrados indicios de conductas penalmente relevantes» y por ello pide al juez que prosiga la investigación.

Entre estas actuaciones que podrían derivar en causa penal destaca la presunta «mala praxis (por deficiente diagnóstico) de la psicóloga de la prisión».

También en este escrito se recalca la «ineficaz y temeraria organización del trabajo de los profesionales sanitarios» con turnos de descanso solapados que habrían dejado la cárcel sin ningún miembro de dicho equipo en el fin de semana en que se suicido Carlos Cortes.

De este hecho se culpa al director de la prisión y al jefe de los servicios sanitarios de la prisión.

Otras razones para investigar, según los representantes de la familia, son la presunta «omisión del deber de socorro respecto a los funcionarios que debieron atender a los gritos y amenazas de suicidio de Carlos Silva"; el acondicionamiento de las celdas de aislamiento que facilitaron el suicidio y las supuestas agresiones sufridas por el reo que, en opinión de la familia, no se investigaron suficientemente.

El Ministerio Fiscal respondió a esta actuación de la familia Cortes presentando una diligencia el 24 de febrero pasado en el que solicita la impugnación del recurso de apelación.

En su escrito se argumenta que la otra parte carece de «un derecho ilimitado a la práctica de pruebas». Señala además que no existen «indicios de mala praxis, por parte del Cetro Penitenciario, ni se han probado agresiones por parte de los funcionarios penitenciarios al interno Carlos Silva».