La implantación del copago farmacéutico y la retirada de tarjetas sanitarias a personas en situación irregular en un momento marcado por una economía verdaderamente delicada ha tenido un reflejo inmediato en la labor asistencial y social que realiza Caritas Diocesana de Menorca.
Este año han aumentado hasta un 31 por ciento las ayudas para cubrir los medicamentos y otras prestaciones sanitarias mínimas que no pueden costearse quienes están en situación de exclusión social. Así es como, el año pasado, se concedieron, en lo que respecta a los municipios de Maó y Ciutadella (sin contabilizar el resto de núcleos poblacionales) 90 ayudas, frente a las 62 otorgadas durante el ejercicio anterior. La mayoría de personas que han solicitado este apoyo para medicamentos, según señala la trabajadora social, Gloria Ventura, padece una enfermedad crónica, por lo que necesita fármacos con carácter mensual, suponiendo, sin duda alguna, un coste añadido si la persona es irregular y, por lo tanto, no dispone de tarjeta sanitaria ni del descuento pertinente. A estos datos hay que sumar otras ocho ayudas para costear la adquisición de gafas.
No obstante, la educadora de calle, Marta Frías, alerta de que esta cifra es «mínima» gracias a que «los profesionales sanitarios atienden a personas irregulares, aunque por ley no deberían, y les dispensan la medicación para que no les suponga un coste añadido a su precaria situación económica». Indica que «prevalece la solidaridad sobre la legalidad». Por ley, solo tienen acceso a Urgencias. A ello, Frías añade la implicación de Médicos del Mundo que realiza una labor de acompañamiento ante casos de transgresión de derechos.
A nivel económico, «supone un gran gasto ya que la mayoría de personas deben desembolsar un mínimo de unos 160 euros mensuales en medicamentos», indica Ventura.
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