Juana Mari Pons, anteayer, atiende a Joan Triay. | Josep Bagur Gomila

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El texto, que se ha negociado durante cinco largos años y ha costado consensuar, es fruto del proceso de participación abierto en el Ayuntamiento y de la resolución de las 31 alegaciones presentadas por colectivos y particulares. Durante su debate anteayer en pleno concitó el apoyo de los concejales del PP, el PSOE y UPCM, mientras que el grupo del PSM votó en contra.

El documento pretende unificar en uno solo todos los criterios que ya han empezado a aplicarse en busca del ansiado «equilibrio entre las diversas actividades».

El principio que motiva esta regulación es claro: «el paisaje urbano es un patrimonio colectivo que necesita especial protección». Solo cabe «compatibilizar» el derecho de los ciudadanos con el de aquellos negocios «que tradicionalmente implican la vía pública».

Están sujetos a la ordenanza los bares y restaurantes, las mercancías, mesas informativas, los mercados benéficos, quioscos de la ONCE, cabinas telefónicas, pancartas, banderolas, las actuaciones de los artistas de calle y hasta las paradas de venta de castañas.