La institución insular está personada como acusación particular en esta causa y su abogado, Fernando Mateas, ha planteado un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma por entender que hay elementos para iniciar una investigación por presunta estafa procesal.
Con «respeto absoluto» a la decisión de la jueza de instrucción que rechazó la querella, el letrado ha recurrido porque estima que hay visos de que pudo cometerse un delito y se pudo engañar al tribunal en esta causa.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) condenó en mayo del 2011 al Consell de Menorca a indemnizar a la promotora Cesgarden en concepto de compensación por la reducción de plazas hoteleras que podía construir en Son Bou, dado que el Plan Territorial Insular aprobado en 2003 redujo el aprovechamiento urbanístico y turístico.
La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, condenó al Consell a pagar una indemnización de 16,5 millones de euros, que con los intereses legales asciende a unos 29 millones, tras la demanda presentada por la propietaria de los terrenos Siteme, que los transmitió a la promotora Cesgarden.
La Fiscalía presentó una querella contra el empresario mallorquín Miquel Ramis y el arquitecto Miquel Barca, de Mahón, por presunta estafa procesal y falsedad documental, al entender que pudo haber una «maquinación fraudulenta» contra el Consell de Menorca.
Fiscalía y Consell de Menorca consideran que la compra del solar pudo ser posterior al cambio urbanístico y se fingió que era anterior para reclamar la indemnización.
La jueza Piedad Marín no admitió la querella. En el auto de rechazo señaló que «no es posible iniciar, sin apoyo documental alguno, un proceso penal, con sus graves consecuencias» y añadió que «los hechos objeto de la querella no son constitutivos de un delito de estafa procesal».
El Consell de Menorca empezó a pagar a finales del año pasado la indemnización, mediante un primer ingreso de 252.066 euros. Para este año los presupuestos de la institución insular han reservado 1,3 millones, mientras que a partir del 2016 deberá abonar 3,6 millones.
2 comentarios
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Que increíble esta siendo todo esto. Menos mal que pronto habrá jueces y magistrados, investigadores y demás personas afines al partido podemos. No se necesita acusación particular pues el CIM ya representa a todos los particulares de Menorca.
el sumiso y compañia poco van a informar, además se la suda quien pague el pato, al final quien verdaderamente lo pagará será el pueblo, ellos tienen sus sueldos, complementos y privilegios a buen recaudo... quien al final lo pasará mal será el ciudadano... y total solo van a estar meses en el Consell, pues ya se huelen la debacle que van a tener en las próximas, pues el pueblo ya ha demostrado que los vamos a poner de patitas en la calle... se lo han buscado con sus políticas embusteras dirigidas y apoyadas de su central de Madrid por pinocho y sus palmeros...
Teniendo en cuenta que ningún menorquín con sentido común, no querrá asumir una factura de 30 o 40 millones precedida de una presunta maquinación a la institución menorquina, en la cual aún confiamos, el CIM. Puedo, y con todo derecho, pedir que se aclaré todo esto. Y tengan a bien darnos una explicación.