Las activistas de la PAH de Menorca, Anna López (izquierda) y Olivia Méndez. | Javier Coll

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Menorca pide al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), dependiente del Govern, que los 52 pisos que tiene vacíos en Menorca los destinen a personas sin recursos. "No puede ser que haya viviendas públicas vacías y gente que no puede pagar su casa; estos 52 pisos tendrían que estar en manos de familias que no pueden pagar un alquiler", asegura Anna López, miembro de la Plataforma.

La PAH afirma que "los pisos están vacíos, porque la gente que realmente lo necesita no puede acceder a ellos", por las condiciones que exigen que, según los activistas, no están pensadas para las personas con pocos recursos. En este sentido, aseguran que los precios de alquiler de los pisos sociales son "igual de caros que los de libre mercado".

Con todo, pide que el próximo Govern balear "no deje morir el IBAVI" y lo transformen en un organismo que "realmente funcione" y sea "consciente del actual problema de la vivienda", explica López.

Es una de las numerosas propuestas que ha lanzado la PAH para garantizar el derecho a la vivienda para que los partidos políticos las incorporen a su programa electoral de cara a los próximos comicios autonómicos y locales, y posteriormente "las cumplan".

Entre las propuestas a nivel balear proponen aprobar una nueva Ley balear de la Vivienda, que "establezca la función social de la vivienda" y que elabore un censo de viviendas desocupadas y abandonadas, así como fijar un gravamen específico, con el fin de "mostrar la convicción de trata la vivienda como un derecho social y no como un bien mercantil". También reclaman impulsar promociones públicas con precios accesibles, fomentar más el régimen de alquiler y un compromiso de no ejecutar desahucios por motivos económicos en la vivienda pública.

A nivel insular, piden a los partidos políticos que incorporen en su programa electoral que el Consell haga un protocolo de detección y asesoría para las personas con problemas para acceder a una vivienda, centralice los datos de ejecuciones hipotecarias y desahucios y se dedique una partida de ayudas de urgencia para los más necesitados.

En cuanto a los municipios, proponen que estos elaboren censos de viviendas vacías, suspendan o se aplace el cobro del IBI a las personas afectadas por proceso de ejecución hipotecaria, que los plenos municipales pidan la suspensión de desahucios en el término municipal y que se revisen las relaciones económicas con aquellas entidades financieras que sigan ejecutando desahucios.