Joana Maria Camps, este viernes, en los juzgados de Ciutadella | Josep Bagur

TW
19

La exconsellera de Educació Joana Maria Camps ha declarado por videoconferencia la mañana de este viernes en los juzgados de Ciutadella como imputada de un presunto delito de malversación de fondos públicos, denunciada por la Assemblea de Docents.

Camps ha sido llamada a declarar en calidad de imputada por los gastos de los viajes hechos a Menorca, sufragados por el Govern, cuando era consellera, cuando ya cobraba un complemento anual de 22.000 euros por vivir en Mallorca por obligaciones del cargo.

Según ha informado la asociación denunciante, Camps se ha negado a responder a las preguntas planteadas por la representación legal de la Asamblea pero sí lo ha hecho a las de la Abogacía de la Comunidad, mientras que la Fiscalía no ha asistido a la declaración de la imputada.

«Ante la pregunta de la Abogacía de la CAIB de si, mientras ejercía su cargo, se pagó algún viaje a Menorca de su propio bolsillo y si lo podía acreditar, la exconsellera Camps ha respondido que lo había hecho unas 7 u 8 veces aunque no lo podía justificar», indica la Asamblea de Docentes.

Noticias relacionadas

La antigua responsable de Educación, segunda de los tres consellers que ocuparon esa área en la pasada legislatura, ha anunciado que presentará un escrito justificando los motivos de algunos de los viajes denunciados por malversación.

El caso, archivado en dos ocasiones por la jueza de instrucción a petición de la Fiscalía, fue reabierto por orden de la Audiencia Provincial, que consideró que existían indicios suficientes para llevar a cabo la investigación solicitada por los denunciantes.

El tribunal provincial admitió a trámite la querella por malversación de fondos públicos de la Asamblea al apreciar «una aparente descompensación» en sus visitas a las distintas islas.

La sección primera de la Audiencia estimó el recurso de apelación contra el auto por el que el Juzgado de Instrucción número 4 de Palma sobreseyó la querella en diciembre de 2014, lo revocó y ordenó a la jueza Piedad Marín que acordara las diligencias de investigación que considere procedentes para esclarecer los hechos.