El matrimonio ya tiene algunas de sus pertenencias en cajas por si el próximo día 25 el juez les obliga a irse de su casa. | Gemma Andreu

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Un matrimonio pensionista de Ciutadella vive bajo la amenaza de quedarse en la calle a partir del día 25 de mayo, cuando deben abandonar la casa que compraron en 2001 por 168.000 euros. Joan Hitar y Carmen Amengual tenían entonces 51 y 55 años, respectivamente y decidieron hipotecarse a 30 años vista. Joan era autónomo y trabajaba como tapicero. «Había trabajo, todo iba bien y pensamos que lo podríamos pagar», asegura. En 2008 le diagnosticaron un cáncer de pulmón y, tras la operación y unos meses de baja, ya no volvió a trabajar.

La crisis les afectó de lleno, vieron que no podían hacer frente a la hipoteca y se prejubilaron. Ahora ingresan entre ambos 750 euros al mes, insuficiente para pagar las mensualidades hipotecarias. Decidieron refinanciar su deuda a través del Banco Primus, una entidad portuguesa que ya no opera en España. El montante total ascendía a 209.500 euros.

«El juez considera que esta reunificación no es una hipoteca, por lo que no se les permite acogerse a la moratoria de desahucios», explica Anna López, miembro de la PAH. Además, el banco luso rechaza ofrecerles un alquiler social y desde la PAH encuentran muchas complicaciones para negociar con ellos y presionarles, ya que no disponen de oficinas ni sedes. Joan y Carmen hace dos años que no pueden pagar la hipoteca. La vivienda fue subastada y adquirida por el mismo banco por el 60 por ciento del valor de tasación. Aún así, siguen debiendo 60.000 euros.