Imagen de una vista oral del caso Cesgarden, en septiembre de 2013

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El 'caso Cesgarden', con el que el Consell ha sido condenado al pago de una indemnización de 28,8 millones de euros, parece un pozo sin fondo para las arcas insulares. El departamento de Ordenación del Territorio, desde el año 2013, ha pagado en abogados, informes jurídicos, estudios y defensa en los diferentes frentes judiciales que se han abierto contra la promotora, un total de 100.338 euros.

En 2013 se gastaron 17.272 euros, por los 39.506 euros que se destinaron los dos años siguientes y los 43.560 euros que se han abonado en el primer semestre de este año, según consta en la relación de gastos en contratos menores que acaba de actualizar el Portal de Transparencia del Consell.

Un total de 11.495 euros fueron pagados en 2013 al despacho Olleros, a lo que hay que sumar los cerca de 6.000 por las costas. Posteriormente se abonaron 15.125 euros al penalista Fernando Mateas y 24.381 al arquitecto Gregorio de Vicente Cuadrado.

A ellos hay que añadir las facturas abonadas en los seis primeros meses de este año, como los 21.780 euros que ha pagado al abogado Josep M. Fiol por el estudio, asistencia a la vista y asistencia jurídica en el 'caso Cesgarden', más otros 21.780 que ha abonado en honorarios al letrado Francesc Marquès.

En este último caso, la inversión fue más que rentable. El abogado Francesc Marquès fue el encargado de defender al Consell contra el recurso presentado por la promotora de Cesgarden, que exigía una segunda indemnización de 11 millones de euros al Consell, por el valor del terreno rústico al que debía trasladar su futuro hotel en Son Bou.

El 10 de septiembre del año pasada la Sala de lo Contencioso del TSJJB desestimó la demanda de la promotora y el 28 de enero de este año se ratificó de forma definitiva, al denegar el recurso de reposición contra el auto que desestimaba la petición de la promotora.

Los gastos en honorarios por el 'caso Cesgarden' no acabarán aquí ya que el Consell todavía pleitea contra la promotora, intentando evitar el pago de la millonaria indemnización. El Consell presentó a principios de este año una querella por un presunto fraude procesal. Y en junio el juez abrió diligencias previas al advertir indicios de estafa por parte de Cesgarden.