El pleno de Ferreries aprobó por unanimidad la propuesta de inscribirlo en el inventario de bienes municipales. | Gemma Andreu

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El clamor popular que se vive en Ferreries para reivindicar el libre derecho de paso por el Camí d'en Kane se vio reflejado en el pleno municipal de ayer, en el que se aprobó por unanimidad incluir el tramo del histórico camino a su paso por la finca de Binimoti en el inventario municipal, tal como recomienda el informe Masot, tras acreditar la titularidad pública de este tramo, cerrado al público desde hace unos diez años.

Unas cuarenta personas, entre las que destacan varios miembros de la asociación Amics del Camí d'en Kane, ataviados con las camisetas rojas, asistieron ayer al pleno. También estuvo presente la presidenta del Consell, Maite Salord y el conseller Miquel Àngel Maria, así como varios exconcejales de la corporación como Joana Febrer, Joan Allès o Joan Lluís Torres.

El pleno, convocado de forma extraordinaria, duró poco. Menos de media hora y acabó con un fuerte y largo aplauso, que simboliza el respaldo de la población de Ferreries a la histórica reivindicación que han abanderado los Amics del Camí d'en Kane, el Ayuntamiento de Ferreries y el Consell de Menorca.

El alcalde Josep Carreres, tras relatar los pasos dados por la administración en la última década, afirmó que se trataba de un día histórico, con el que «se da un contundente paso hacia adelante», pero advirtió que todavía «no es el definitivo».

Tras la aprobación se comunicará a la propiedad y al resto de administraciones y se abrirá un periodo de 30 días de exposición pública, para que los interesados puedan presentar alegaciones. se espera que los propietarios de Binimoti aleguen, aunque el Ayuntamiento está convencido que no podrá demostrar la titularidad privada.

Carreres destacó que «el Ayuntamiento de Ferreries siempre ha intentado solucionar las cosas con diálogo, pero la propiedad lo ha imposibilitado», asegura. «No solo está la pared levantada, sino que tampoco hay voluntad por parte de la propiedad de negociar y pactar nada», dijo. Fue entonces, y ante la «actitud defensiva de la propiedad», que la administración apostó por encargar el informe jurídico al abogado Josep Masot, que ha acabado determinando, que al contrario de otros tramos cerrados, el de Binimoti era de titularidad pública.