Un buzo retrata un ancla, uno de los peores enemigos de la posidonia

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El Govern adquirió ante Europa el compromiso de destinar 200.000 euros a la protección de la posidonia para obtener luz verde a la construcción del nuevo dique de Son Blanc, cuyo 80 por ciento de superficie afectaba a praderas de esta milenaria planta marina.

Cinco años y medio después de la finalización de las obras del puerto de Ciutadella, que duraron cuatro años, la administración autonómica todavía no ha ejecutado el dinero comprometido ante Bruselas.

Así lo denuncia la entidad ecologista GOB, que considera que ha llegado el momento de hacer efectiva esta inversión pendiente, aprovechando que la Conselleria de Medio Ambiente está elaborando un decreto de protección de la posidonia y coincidiendo con el anuncio esta semana del Govern de invertir nueve millones de euros más en mejorar el dique.

El coordinador de Política Territorial del GOB, Miquel Camps, defiende la importancia de cumplir con el compromiso para contribuir a proteger uno de los principales responsables del atractivo turístico de la Isla. «Mucha gente se beneficia de la posidonia, sobre todo los pescadores. Es un ecosistema básico que genera el 80 por ciento del material de las playas, que son un elemento clave de nuestra economía».

Desde la entidad ecologista son partidarios de una mayor regulación en el medio marino, del mismo modo que se limita y protege el medio terrestre. «Es una necesidad, es imprescindible», sostiene Camps, para que todo el mundo conozca las prácticas que están prohibidas, como fondear encima de estas praderas.

El sector náutico no oculta sus reservas ante las consecuencias del futuro decreto. No obstante, el Govern ya ha avanzado que podrán participar de la redacción del mismo. Para el GOB, «las empresas náuticas han de tomar consciencia del efecto multiplicador, que no se trata de calcular el daño que hace una embarcación, sino las miles que cada año tiran sus anclas encima de posidonia».


Medidas

La apuesta de la entidad ecologista, por tanto, pasa por delimitar la zonas con más presión náutica «igual que se hace en las playas». También ven como una buena opción las boyas ecológicas, aunque consideran imprescindible la imposición de sanciones «importantes y disuasorias» para los que incumplan la normativa.