Pleno del pasado mandato, con Pau Morlà a la derecha de Emilio Agis y la alcaldesa Misericordia Sugrañes

TW
7

El magistrado-juez Fernando Pinto, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Maó, ha decidido archivar el caso de las 17 obras del Ayuntamiento de Alaior que cuestionó la Sindicatura de Cuentas al detectar la existencia de irregularidades. El auto de «sobreseimiento provisional» se basa en el hecho que el Ministerio Fiscal, único actor personado como acusación en la causa, ha considerado que de la documentación revisada y las pesquisas realizadas se desprende que las actuaciones del Consistorio, que tuvieron lugar entre 2005 y 2010, no reúnen los requisitos para poder ser consideradas constitutivas de un delito de prevaricación administrativa. La resolución del juez fue adoptada a finales de la semana pasada.

Las obras investigadas por los órganos judiciales corresponden a un periodo en el que gobernaban PSOE y EM-IA. Se trata de 17 adjudicaciones a empresas, en proyectos tan relevantes como la construcción de los pluviales de la carretera general, las obras del Camí Nou, el campo de fútbol de Cala en Porter o la reforma de la Avenida Reverendo Pare Huguet.

Después de las elecciones de 2011, y la victoria del Partido Popular, el nuevo equipo de gobierno liderado por Misericordia Sugrañes detectó una serie de facturas pendientes de pago no contempladas y contratos con empresas que arrojaban dudas. Al mismo tiempo que solventaba estas cuestiones, la Sindicatura de Cuentas llevó a cabo un análisis de la documentación referida a estas obras, realizadas con Antoni Gómez y Pau Morlà como alcaldes. El informe reconoció la existencia de irregularidades, pero el equipo de gobierno no dio más pasos en este sentido. Fue la propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas quien inició la causa, lo que conllevó en abril la visita al Ayuntamiento de Alaior de unos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que durante siete horas revisaron la documentación relativa a las obras en cuestión.

El estudio de estos papeles derivó en un informe de la Fiscalía, remitido al juez, que instaba al archivo de las actuaciones por los motivos ya referidos. Por el momento, el Ayuntamiento de Alaior no tiene confirmación oficial de esta resolución del juez.