Imagen de archivo de una reunión entre dirección y familias del CP Mare de Déu del Carme. | Javier Coll

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Frente común para que el Govern 'desempolve' la integración educativa de niños con alguna discapacidad. Consell, ayuntamientos y las entidades que representan el ámbito de la discapacidad en Menorca alzan la voz de forma conjunta y sin titubeos para trasladar al Govern su preocupación en torno a la falta de recursos en la atención de los niños con necesidades especiales. La integración de estos alumnos con diversidad funcional en las escuelas está «estancada» hasta el punto que algunas familias en momentos puntuales han decidido no llevar a sus hijos con discapacidad a los colegios por esta falta de personal. No están atendidos adecuadamente. Los medios a disposición son insuficientes, aseguran.

Así de contundente se muestra la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca en una carta remitida a los consellers de Educación y Hacienda, Martí March y Catalina Cladera, respectivamente, para denunciar que el modelo por el que se apostó al suprimir los centros especiales y promover la integración en las aulas de estos niños se tambalea.

La misiva que se ha remitido al Govern se adjunta con la rúbrica de la presidenta de la Fundació, Maite Salord, y todos los patronos, es decir, las conselleras Maria Cabrisas y Cristina Gómez, los directores insulares Bárbara Torrent y Gabriel Pons, los ocho ayuntamientos de la Isla, el presidente de la Coordinadora de Persones amb Discapacitat, Manel Pons, y los representantes de once entidades.

El colectivo alerta de una situación que se alimenta de la falta de recursos humanos. Concreta que hay una necesidad latente de maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica, auxiliares técnicos, maestros especialistas en Audición y Lenguaje, equipos de orientación y terapeutas. A ello, agrega que el agrupamiento en determinados centros de las aulas UEEC (Unidad Educativa Específica en Centro) merma el derecho de las familias a escoger centro. Y también hace referencia a los «estrictos» criterios, «a veces injustos» y «fuera de una realidad escolar concreta», en el número de profesionales asignados a estas aulas. Todo ello conlleva que «nos alejemos» del objetivo de crear un sistema escolar inclusivo. Y es que, mientras en los últimos años «nos hemos llenado la boca con este término», incluso se cerró la última escuela de educación especial, ahora la situación ha cambiado. No hay avances. El sistema está en crisis.

Los patronos de la Fundació se niegan, asimismo, a que la labor de las escuelas sea simplemente asistencial «sin llegar a una verdadera función educativa, de progreso».

Tachan además de «insuficientes» y «lejanas» las Unitats Volants d'Atenció a la Integració que creó el Govern y que en teoría deberían atender estas necesidades. El servicio se reduce a una o dos visitas al año y durante una jornada escolar, denuncia la Fundació, y agrega que «con esta situación es imposible conocer y hacer un seguimiento de las necesidades de cada colectivo y de cada niño que permita hacer realidad el objetivo de los equipos de apoyo». Piden grupos profesionales en cada isla.