Habitada. La sanción recae en un anterior propietario, que fue quien realizó la conversión del almacén en vivienda, pero el Cons

Habitada. La sanción recae en un anterior propietario, que fue quien realizó la conversión del almacén en vivienda, pero el Consorcio insta a la restitución a Pere Moll, al ser el actual dueño de la finca, en la que, como se puede ver, se mantiene la actividad como residencia. | Gemma Andreu

Pep Mir30/05/17 0:00
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En el último pleno del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran el concejal del PP Ramón Verdú preguntó al alcalde Pere Moll si una finca en suelo rústico de su propiedad está habitada. Moll optó por no responder, argumentando que se trata de una cuestión privada.

La finca es la misma en la que Moll construyó un depósito de agua sobre un safareig, que el Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico declaró ilegal e instó a demoler. Como ya informó este diario, el alcalde, una vez abierto ya el expediente del partido con este caso de infracción urbanística en la carpeta, acató la restitución del espacio. Unas semanas antes, en enero, había conocido una propuesta de sanción de 1.890 euros, que se reducirá de forma muy considerable si restituye la legalidad dentro del plazo establecido.

No obstante, la finca cuenta con un segundo hecho denunciado y con propuesta de sanción por parte del Consorcio. Se trata de la adecuación y uso de unas dependencias como vivienda, cuando solo pueden ser un almacén. En este caso, según las informaciones recabadas, el uso irregular se mantiene a día de hoy y Pere Moll no ha expresado formalmente la voluntad de enmendar la situación, pese a que la decisión del Consorcio se remonta a finales de 2010 y se dirige a él, en calidad de actual titular junto a otra persona. De aquí, la pregunta del PP en el pleno del pasado jueves.

Las obras que propiciaron el cambio de uso fueron ejecutadas por un anterior propietario de la finca, que se la vendió en 2008. El edificio cuenta desde entonces con el equipamiento propio de un hogar en unas dependencias de unos 50 metros cuadrados, según verificó el Consorcio en una inspección de abril de 2010. La propuesta de multa de 28.684 euros que propone el Consorcio en su expediente sancionador por este motivo, cantidad que también se rebajará a otra muy inferior si hay enmienda, recae sobre el anterior propietario. Este uso residencial no se considera legalizable, por lo que la única opción es que deje de ser una vivienda a todos los efectos. Por eso, el Consorcio reclama a Moll y una seguna persona titular de la finca que tomen las medidas necesarias para acabar con esta irregularidad.

El PP de Es Migjorn Gran lo ha denunciado ante el Consorcio, apuntando que en estos momentos se está produciendo el uso del inmueble como vivienda, actividad que sería ilegal. Insta a que se verifique. No es el hogar habitual de Moll. En el mismo sentido que el PP se expresan distintas fuentes de Es Migjorn Gran consultadas. Coches frente a la finca con frecuencia, ventanas abiertas, macetas, cortinas, son pruebas de ello. Pere Moll declinó este lunes ofrecer su versión del asunto.