Una de las protestas realizadas en contra de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo

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El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de la proposición de ley aprobada por el Parlament balear por unanimidad contra las prospecciones en el Mediterráneo. Alega que implicaría una reducción de ingresos de 4,7 millones de euros procedentes del impuesto y la tasa que grava actualmente esta actividad, además de un aumento del gasto por encima de los 160 millones para compensar a las empresas.

Concretamente, la norma establece un canon por la perforación de sondeos de investigación o explotación de acuerdo con la tarifa tercera, que es de 600.000 euros por sondeo, y por campaña sísmica, realizada a razón de, respectivamente, 0,3 euros el metro y 0,0003 euros el metro cuadrado.

«Atendiendo a los proyectos actualmente existentes en el área, la aprobación de la proposición de ley podría suponer un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones en concepto de tarifas tercera -perforación de sondeos en permisos de investigación y concesiones de explotación- y cuarta -adquisición de campañas sísmicas en autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación- del canon de superficie», apunta.

Además, la aprobación de la proposición balear también supondría un aumento de los créditos presupuestados en, al menos, 164 millones. Esta subida sería consecuencia de las exigencias de responsabilidad patrimonial de los titulares actuales de concesiones de explotación de hidrocarburos en el área. El Gobierno señala que estas concesiones son títulos demaniales que autorizan a su titular a realizar el aprovechamiento de los recursos descubiertos, así como a proseguir los trabajos de investigación en el área otorgada.

«La actividad de la empresa titular se rige por el principio de riesgo y ventura pero dicho riesgo se asume en la legítima expectativa de un beneficio económico en caso de encontrarse hidrocarburos», apunta el Gobierno. Así, señala que, atendiendo al valor de las reservas probadas existentes, se estima que se incurriría en una posible responsabilidad patrimonial por valor de 164 millones de euros, suponiendo un precio medio del barril de 50 dólares, y al tipo de cambio actual.