La mesa redonda sobre «Viviendas y estancias turísticas vacacionales», organizada por el PI-Es Castell, puso sobre la mesa el problema de la falta de vivienda residencial y el incremento de los desahucios. Al mismo tiempo evidenció las discrepancias, dudas y escepticismos sobre la ordenación del alquiler turístico vacacional en Balears.
No fue posible alcanzar un punto de acuerdo entre los participantes en el debate, entre otros motivos porque el proyecto de ley se encuentra aún en fase de tramitación en el Parlament. Según afirmó el diputado Damià Borràs (PSOE), que pertenece a la ponencia redactora, incorporará numerosas enmiendas por lo que experimentará modificaciones sustanciales respecto al texto inicial.
Jesús Flórez, en representación de la Asociación Hotelera de Menorca, manifestó que Ashome está a favor de la competencia en el sector de alojamiento, pero añadió que «no podemos aceptar la competencia ilegal, que es lo que estamos soportando ahora». Preocupa a Ashome «sacar el alojamiento turístico de su ámbito natural, las urbanizaciones en la costa».
La diputada mallorquina Olga Ballester, de Ciudadanos, se pronunció a favor de regular el alquiler vacacional para dar seguridad jurídica: «regular no debe significar prohibir», subrayó, tras calificar el proyecto de ley de «altamente restrictivo y con requisitos arbitrarios». El diputado del PP-Menorca Juan Manuel Lafuente se pronunció a favor de seguir aplicando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y en el caso de las viviendas plurifamiliares, que sea legal y se tribute, y que se den plenas garantías a todos los usuarios.
Damià Borràs advirtió que «vamos a remolque de la realidad, pero vamos a definir con la ley qué se puede alquilar, cómo y el dónde lo definirán los ayuntamientos y los consells en cada isla».
Cristina Gómez, vicepresidenta del Consell, en nombre de Podemos, afirmó que debe garantizarse primero el derecho a la vivienda, también debe ser valorada la capacidad de carga de Menorca y que «no todo se puede alquilar». Añadió que «el alquiler turístico indiscriminado sube los precios con la desaparición de pisos residenciales» y propuso prohibirlo en las zonas de emergencia habitacional. María García, en nombre de PIME y Viturme, propugnó legalizar el «máximo número de opciones para las viviendas destinadas al alquiler turístico» al ser una actividad beneficiosa para la economía menorquina. Denunció las restricciones del proyecto de ley.
El diputado por Mallorca y presidente del PI, Jaume Font, denunció la falta de política de vivienda del actual Govern y señaló que su compromiso era ordenar el alquiler plurifamiliar. Olga Ballester dijo que «el error de este Govern consiste en resolver el problema de la vivienda a través de la ley de alquiler vacacional», y Font preguntó «¿cuántas hipotecas se han pagado y cuántos deshaucios se han evitado con este Govern?».
3 comentarios
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Los políticos que tenemos, aparte de ganar un pastón y que no merecen ni el salario mínimo, parecen idiotas que no se enteran del problema, y menos de la solución, cuando está más clara que el agua.
Yo tuve mi casa alquilada por un tiempo mientras trabajaba en Barcelona y os puedo asegurar que perdí mas dinero con la casa alquilada un año, que vacía dos. Entre que no pagan, que dejan facturas de luz sin pagar y todo lo que rompen y eso si no te pasa como a mi vecino que alquilo la casa con todos los electrodomésticos nuevos y después de seis meses, que no cobro ni tres mensualidades, cuando dejaron el piso le habían cambiado los electrodomésticos por otros viejos.
Cada ciudad y pueblo tiene bloques vacíos de apartamentos propiedad de los bancos. ¿Por qué no pueden los ayuntamientos apropiarse de ellos y usarlos para casas a precios razonables? Eso es el escándalo, no alquiler de vacaciones!