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El GOB Menorca ha acusado a la Demarcación de Costas de «desproteger» una zona pegada a la urbanización de Cala Galdana.

El GOB ha advertido en un comunicado de que «se siguen detectando movimientos» en las líneas de protección del dominio público derivado de la Ley de Costas en Menorca.

Según indican los ecologistas, la última delimitación de dominio público, hecha en 2008, incorporaba una zona de protección en la acera de la parte final del torrente de Cala Galdana, que separa los municipios de Ferreries y Ciutadella.

El GOB apunta que la sociedad propietaria de la acera de levante del torrente presentó un recurso, que fue admitido por Costas y que implica eliminar esta protección.

Ahora se ha publicado oficialmente y el GOB cree que la argumentación esgrimida «no concuerda con la realidad», por lo que ha presentado también un recurso para que la protección se mantenga.

La asociación ecologista explica que la zona que se puede ver afectada por esta desprotección está calificada en buena parte como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y no sería edificable, pero quedan unos 6.000 metros cuadrados que se consideran suelo rústico común y que colindan con la zona urbanizada.

«Se da la casualidad de que se trata de la misma sociedad (Aprovechamiento Terrenos Diseminados S.L.) que consiguió que Jaume Matas, cuando era ministro, comprara una gran zona en Cala Mitjana», indica el GOB.

«La misma que, en la pasada legislatura, cedió unos terrenos de manera supuestamente gratuita al conseller Alejandre para hacer un aparcamiento nuevo para dar servicio a esa playa», afirman, y añaden que, en realidad, «iba acompañado del compromiso de reclasificación de terrenos que eran rústicos y que podrían ser urbanizados».

El GOB asegura que la argumentación esgrimida por esta sociedad para desproteger la zona del torrente de Cala Galdana se basa «en un artículo que dice que las zonas que se inunden como consecuencia de la obra humana no tendrán zona de protección».

Sin embargo, según indican los ecologistas, los terrenos en cuestión «ya se encontraban inundados en 1956, antes de empezar ninguna obra de urbanización en Cala Galdana». El GOB lo demuestra con documentación gráfica, que ha presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente en las alegaciones donde pide «que se mantenga la protección asociada al dominio público, tal y como dice la Ley».