La autorización contempla 276,50 metros lineales más cinco pantalanes de 50 metros cada uno cuya construcción ha sido adjudicada recientemente

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La probabilidad de que el concurso para la gestión de puestos de amarre y de taller en el Moll de Ponent sea adjudicado a una empresa foránea ha sacudido a la náutica menorquina, que teme quedarse fuera del negocio del puerto. Cinco empresas locales constituyeron la sociedad Marina Asmen SL, que compite en ese concurso con otra domiciliada en Mallorca y una tercera en Barcelona.

Las autorizaciones de ocupación temporal habían solucionado hasta ahora la disposición de espacio en el puerto a distintas empresas locales. Son cesiones a precario por un plazo de uno o dos años como máximo que funcionaban con satisfacción para los empresarios y que caducaron a final del año, por lo que la fotografía actual muestra los muelles sin la presencia de esta oferta diseminada de amarre y taller.

El concurso de Autoridad Portuaria en el Moll de Ponent estaba enfocado precisamente a resolver esa demanda de la náutica local con una agrupación y reubicación en el tramo que discurre entre el muelle de pescadores y la marina deportiva de la Colársega, aunque con solo 10 amarres para taller, una cifra considerada insuficiente. Y los empresarios locales, que comparten esa filosofía, se agruparon para optar al concurso convocado en julio de 2017 y que empezó a desvelarse al mes siguiente con la apertura de los primeros sobres de las respectivas plicas.

Los baremos utilizados para calificar las propuestas son cinco con distintos niveles de ponderación, de forma que la inversión o el canon han dejado de ser preponderantes. Los emprearios menorquines proponen las tarifas más bajas, de hecho serían las más bajas de todo el puerto, según apunta una fuente de la empresa, y un plan de viabilidad realista por el mejor conocimiento de la actividad portuaria local, el aspecto que más puntúa.

Las dudas han surgido con las inversiones propuestas que, aun siendo el punto de menos valoración, marca una gran difrencia entre los cien mil euros de la oferta menorquina, «porque más no se puede amortizar en los dos años de plazo de la concesión», y el triple que proponen los otros dos competidores.