Los trabajadores, reunidos el pasado mes de enero | Josep Bagur Gomila

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Las noticias en torno a la situación económica real de Quesería Ibérica han detenido las negociaciones para la entrada como accionista mayoritaria de Quesería Menorquina. El Govern, que había mostrado su compromiso a apoyar la operación con un crédito por la viabilidad que suponía para la empresa de Maó y los 150 trabajadores que forman parte de la plantilla, quiere estudiar antes y conocer con certidumbre la capacidad de la empresa de Herrera de Pisuerga (Palencia).

La Conselleria balear de Industria dispone de una revisión limitada (una especie de auditoría blanda) de las cuentas de Quesería Ibérica a fecha de 31 de diciembre de 2017. Hasta no haber analizado con detenimiento esos números no avalará las negociaciones ni asumirá ningún otro compromiso.

El proceso se ha torcido por las informaciones publicadas en las últimas semanas en torno a las dificultades financieras de la firma castellanoleonesa, que le han llevado a solicitar nuevas ayudas a la Comunidad de Castilla y León, de la que a través de sociedades públicas de crédito había recibido con anterioridad casi tres millones. La deuda financiera se situaría actualmente en 11 millones de euros, muy por encima de la que soporta Quesería Menorquina.

A esas dudas se une la expresada por la propia consejera castellanoleonesa de Agricultura y Ganadería al cuestionar una gestión de «exceso de crecimiento» e indicar que la empresa palentina «necesita un plan de negocio adaptado a su capacidad».

Quesería Ibérica ha pasado de ser una compañía reflotadora de empresas en quiebra (la vallisoletana Lauki y Granja la Luz de Herrera de Pisuerga) y distinguida con premios y elogios a padecer «una situación crítica», según el «Diario de Valladolid».

Además de la deuda financiera, en los últimos meses ha sufrido tres reveses judiciales que incrementan el lastre. Se trata del impuesto de sucesión por Granja la Luz (110.000 euros), la prima de cogeneración de 2014 (260.000 euros más las costas) y 300.000 euros tras haber denunciado una sustracción de producto por parte de tres empleados que no ha podido probarse.

Facturación

Lo más sorprendente del proceso se aprecia en la facturación, que en los resultados de Quesería Menorquina es más elevada (35,5 millones al cierre de 2017) y con capacidad para afrontar su propia deuda financiera, que la de empresa 'salvadora', que cerró 2016 con 25 millones , según datos oficiales públicos.

Esa radiografía ha paralizado las negociaciones y la implicación comprometida del Ejecutivo balear. Pero también habría dividido al accionariado de la sociedad menorquina, del que ya forma parte Adolfo Pérez, responsable de la planta palentina, desde la Junta de Accionistas del pasado 20 de enero. Los trabajadores accionistas siguen apostando por la alianza estratégica de ambas compañías, mientras los directivos, que ostentan el 51 por ciento de la acciones, optan por la prudencia y detener la negociación.