En la costa y en el campo. Una de las alegaciones de Aptume defiende el alquiler turístico en suelo rural, «es un turismo más integrador» y además «el campo cuida el paisaje, los hoteleros no»

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La zonificación turística aprobada por el Consell «crea discriminación entre los ciudadanos según donde tengan su residencia», señala Habtur Balears. Para Aptume, «infringe diametralmente el principio de libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución) y el de libertad de establecimiento y prestación de servicios (Directiva 2006/123 CE)».

Así comienzan ambas patronales sus respectivos escritos de alegaciones contra la propuesta del Consell, que «cierra la puerta a los núcleos tradicionales», lo que supone un agravio comparativo, dado que la actividad del alquiler turístico «desestacionaliza y permite repartir los ingresos del turismo entre la clase media», agumenta la patronal balear.

Carga en particular contra la memoria justificativa, base de la decisión para declarar zonas aptas o no aptas porque utiliza unos indicadores sin fundamento legal ni se justifica su elección en detrimento de otros, «la Administración no puede arbitrariamente elegir los indicadores que quiera, cuando restringe derechos, esta elección ha de estar debidamente explicada y justificada», añade Habtur.

La patronal menorquina también critica ese documento base de la zonificación y desmiente «que Menorca esté saturada o sufra una presión poblacional que no se pueda soportar». Combate la afirmación del cambio de uso de las viviendas, pues en todo caso promoverá la puesta al día con la reforma de viviendas en desuso. Tampoco el alquiler es causa de problemas que se le achacan como el encarecimiento.

Abunda en la cualidad de la desestacionalidad, «clave para alejar la concentración en los meses de verano. El aumento de las estancias en temporada baja es lo que permitiría un impacto ambiental sostenible, al tiempo que impulsará económicamente la Isla», aduce la patronal local.

Contradice el temor a la transformación de los núcleos urbanos, pues entiende que «permitiendo una vivienda turística regulada (con parámetros de calidad) los beneficios económicos se reparten entre la población local, haciendo posible el resurgimiento de los barrios», señala.