Imagen de la oficina dedicada a la gestión de la recaudación municipal. | Josep Bagur Gomila

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La empresa propietaria del inmueble de la Plaça des Born destinado a la recaudación de impuestos no ha presentado ninguna factura de alquiler, como mínimo, desde 2006. Coincide en fechas con la adjudicación del contrato en la gestión de la recaudación a la misma empresa.

Así lo confirma el equipo de gobierno actual con respecto a las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes de Balears que revela un trato de favor a la gestora. En 2002 el Ayuntamiento firmó un contrato de alquiler para dedicar las oficinas de Es Born como sede para la gestión de los ingresos municipales y en 2005 se adjudicó el servicio de gestión de recaudación a la empresa propietaria del local. La Sindicatura detectó una vinculación directa entre los dos contratos. Las cláusulas ponían a la propiedad del edificio en una situación ventajosa, ya que se obligaba a desarrollar la actividad en el mismo edificio.

El concejal José López explica que desde el año en que se adjudicó la gestión de la recaudación «no constan facturas de alquiler» sobre lo que el equipo de gobierno interpreta que «había un acuerdo tácito entre las dos partes de que el segundo contrato para la gestión de la recaudación dejaba sin efecto el del alquiler».

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Pese a ello, en las cláusulas del contrato «no vimos nada que explícitamente dijera que las obligaciones económicas derivadas del contrato de alquiler quedaban sin efecto en el caso que el adjudicatario del servicio fuera el propietario del inmueble». Y ante tales dudas y tras ser advertidos por la Sindicatura de Comptes, el gobierno hizo constar por escrito esta interpretación para evitar que el contrato de alquiler estuviera aún en vigor y se presentaran al Ayuntamiento las facturas de todos estos años.

Además, la Junta de Gobierno de 27 de febrero acordó también dejar por escrito -aunque ya se incluyera en el acuerdo- que una vez finalice el contrato actual, el edificio revertirá al Ayuntamiento «gratuitamente y libre de cargas y gravámenes».

Son las medidas que se tomaron cuando la Sindicatura alertó de las irregularidades. «Si tomamos alguna más será meditada y apoyada por los servicios jurídicos municipales», agrega López.