Operarios de Nedgia instalando tuberías de gas en el polígono de Es Mercadal antes de paralizar el proyecto. | Gemma Andreu

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El tortuoso proyecto de implantación del gas natural en Menorca se ha encontrado con un nuevo contratiempo de calado. La intención planteada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recortar drásticamente las retribuciones a la distribución de gas ha puesto en alerta a Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), que ya ha anunciado la paralización de todas sus inversiones de expansión y crecimiento de su filial de distribución de gas, Nedgia. Uno de los proyectos más ambicioso en su plan de inversiones es el la gasificación de Menorca, que queda en el aire a la espera de ver cómo se resuelven los cambios regulatorios.

Para el sector regulado de la distribución de gas, la CNMC propone un descenso del 17,8 por ciento en la tasa de retribución que cobran las empresas para el periodo 2021-2026, según ha desvelado a través de las publicación de una circular a la que, no obstante, la empresa podrá presentar alegaciones y que no será firme hasta el próximo 1 de enero de 2020. En una reunión con los sindicatos, Naturgy expuso –como recogen multitud de medios nacionales– la decisión de frenar en seco todas las inversiones previstas ante un recorte que califican de «brutal» y cuyo simple anuncio ya ha provocado bruscos descensos de su cotización en bolsa y la inquietud de los fondos de inversión que participan del negocio.

La decisión responde a un principio de prudencia ante un cambio regulatorio cuyos primeros pasos han caído como un jarro de agua fría no solo en Naturgy sino en otras compañías del sector energético. Se trata de una medida temporal, aseguran desde la empresa, y no afecta a los proyectos de mantenimiento. El gran temor es que se reduzca ostensiblemente la rentabilidad de los proyectos que tienen previsto ejecutar.

Entre ellos destaca especialmente por su envergadura el de implantación del gas natural en Menorca, del que resultó adjudicataria en 2015 tras un proceso de concurrencia abierto en las postrimerías de la legislatura del Govern Bauzá. Su coste aproximado es de 30 millones de euros y consistirá en la extensión de unos 500 kilómetros de tuberías para hacer llegar el gas a los domicilios y empresas de la Isla.

Han pasado más de cuatro años desde que se presentó oficialmente el despliegue del gas natural en la última isla que quedaba sin gasificar en Balears y los retrasos en su tramitación han superado de largo las peores previsiones. Aunque en un principio el proyecto reúne todos los requisitos legales, ha tenido que ser modificado en diversas ocasiones para superar, primero, el rechazo del Consell a que los gasoductos transcurrieran junto al trazado de la carretera general y, después, a la petición de los ayuntamientos de Es Mercadal, Ciutadella y Maó, de cambiar las ubicaciones previstas para los depósitos de almacenamiento del combustible, que a diferencia de en el resto de islas no llegará en gasoducto submarino, sino a través de barcos.

Entre tanto el tendido de tuberías ha avanzado lentamente aprovechando la apertura de zanjas en los ayuntamientos para otras labores, sin embrago, esa expansión previa, así como la captación de clientes, quedó paralizada por la compañía a la espera de ver cómo se concretan los permisos definitivos. En ese impasse ha emergido otra pierdra en el camino.