Quieren que se flexibilicen los criterios de legalización de los ‘hortals’. | GEMMA ANDREU

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La Demarcación de Menorca del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears ha hecho llegar un escrito al Consell con propuestas de modificación puntual del documento de revisión del Plan Territorial Insular (PTI) presentado en el mes de marzo del año pasado. Los arquitectos plantean entre otras cuestiones un cambio en las normas para la regularización de los ‘hortals’ con el objetivo de introducir una excepción a la limitación de edificabilidad máxima legalizable de 90 metros cuadrados construidos. En concreto quieren que puedan exceder esos parámetros las edificaciones existentes construidas con anterioridad al año 2013.

La propuesta es que en estos casos la superficie quede reconocida, aunque sin posibilidad de ampliación, en el momento en que se legalicen mediante su adaptación a las normas de habitabilidad y demanda energética vigentes. En la práctica la medida vendría a flexibilizar la legalización de construcciones en esos núcleos rurales pendientes de regularización.

Entre la batería de propuestas para cambiar el articulado del nuevo PTI, en proceso de revisión para su aprobación inicial, también proponen que las urbanizaciones de Sant Antoni (Maó), Santa Ana (Es Castell) y Sol del Este (Es Castell) se sumen a los denominados núcleos tradicionales de tipo 2, en los que se permitiría exclusivamente el alquiler turístico en viviendas de tipología unifamiliar. También pretenden que solo se puedan autorizar agroestancias en edificaciones y construcciones anejas a la vivienda principal existente (boyeras, antiguos almacenes, etc.) que formen parte del conjunto tradicional de ses cases.

También pretenden aclarar algunos temas de interpretación normativa referentes al suelo rústico, en el sentido del convenio de criterios acordado por los arquitectos y el GOB, como lo que se considera ampliación o lo que significa el traslado de volúmenes, entendiéndolo como demolición de una construcción construida con posterioridad al año 1956. Los arquitectos también pretenden que se introduzca una limitación específica de la superficie destinada a la central térmica de Maó, en proceso de amortización, así como a su sistema de aprovisionamiento.