Desolación controlada. Terrazas recogidas, calles vacías, ciudades sin apenas transeúntes y vehículos. Constituye una postal extraña que, sin embargo, es la habitual desde el domingo y lo seguirá siendo probablemente durante más de dos semanas. | Gemma Andreu

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Los efectos de las restricciones a la libertad de circulación decretadas por el Gobierno en el marco del estado de alarma se desplegaron ayer en toda su intensidad. Más de seis mil trabajadores menorquines no pudieron acudir a sus puestos de trabajo. Son los 1.561 afiliados a la Seguridad Social en el epígrafe de alojamientos, los 1.211 de bares y restaurantes (establecimientos de bebidas y comidas) y los 3.298 del comercio minorista, según los datos de afiliación de finales de enero.

Es el valle de empleo en estos segmentos, que tienen su punta en los meses venideros. La media de afiliados anual en alojamiento son 2.423; en hostelería, 2.694; y en comercio, 3.298. Son, por tanto, más de 9.000 que, en la perspectiva más pesimista de prolongación de la emergencia sanitaria, verían recortado su periodo laboral este año.

Si el comercio minorista, los bares, los restaurantes, talleres de reparación, entre otros segmentos, no puede abrir ni trabajar ni, por ende, generar actividad económica, la salida que se plantean es el Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Gestorías y patronales -que ayer solo atendieron por teléfono y correo electrónico- recibieron ayer numerosas consultas, aunque no se ha tramitado ninguno a la espera de conocer las medidas concretas que aprobará hoy el Consejo de Ministros para el sector productivo. Será mañana cuando empiecen a tramitarse previsiblemente en masa ante la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral del Govern balear.

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En un estado de alarma no puede haber despidos y el ERTE aparece como fórmula indicada para subsanar empresarialmente la situación de emergencia que, para los citados segmentos económicos, se traduce en paro forzoso en su actividad.

Es igualmente válido para pequeñas empresas, desde un empleado, que para medianas. Joan Caules, abogado laboralista, declara que, si se ponen los medios, en 40 días pueden estar resueltos. «Ante un ERTE que es consecuencia de la situación decretada por la propia Administración, nadie puede oponerse», manifiesta. Es probable además que se presenten con carácter retroactivo al domingo en el caso de los bares, por haber entrado en vigencia el cierre forzoso el sábado por la noche, fecha en la que publicó el BOE con el decreto del estado de alarma. O desde el lunes en el caso de tiendas y otros negocios que cierran los fines de semana.

Según la legislación, se puede declarar un ERTE por razones de fuerza mayor, es decir, derivado de una decisión gubernamental o por los efectos indirectos de esa decisión. Además se contempla el caso general de causas productivas (caída de la producción).
Las empresas viven ayer y hoy una situación de estrés a la expectativa de los nuevos anuncios del Gobierno. El deseo compartido es que esas medidas permitan ajustes de plantilla que garanticen la supervivencia de las empresas, explica María García, secretaria general de PIME. En casos de crisis como la actual, los trabajadores tienen más coberturas que las empresas. En la misma línea se expresa la presidenta de CAEB en las Islas, Carmen Planas, «para proteger a los trabajadores es imprescindible proteger a las empresas», afirma.