El popular Vilafranca bebe agua mientras escucha el duro alegato de Miquel Maria contra el PP | Gemma Andreu

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Los reproches volaron como dardos de una bancada a otra en el salón del Consell que este viernes debatió la propuesta del Grupo Popular y de Ciudadanos para que la institución rechace la cesión de los remanentes de tesorería, 39 millones, al Gobierno de España. El debate, habitualmente plano, cogió esta jornada altura de vuelo rasante a costa de la política nacional.

Los partidos en el Gobierno de España están, detalles al margen, por realizar la transferencia. «Tenemos un dineral que a los únicos que beneficia es a los bancos. Es el momento de redistribuir esos fondos, que proceden de tributos pagados por los ciudadanos», argumentó Cristina Gómez, de Unidas Podemos. «Estamos ante la peor crisis desde la II guerra mundial, es hora de trabajar juntos y contribuir a un bien mayor que nosotros mismos», en palabras de Miquel Company, portavoz socialista.

PP y Ciudadanos, autores de la moción en la que se pedía el compromiso de no ceder los ahorros al gobierno de Sánchez, ofrecieron razones en esa línea. El popular Adolfo Vilafranca contextualizó el momento en el que surgió la ley Montoro cuando el Consell aprobó un plan de ajuste en 2012 para convertir «su actual remanente de tesorería para gastos generales negativo (-9.156.528 euros) a 31.12.2010 en positivo». Para finales de 2011, el remanente negativo se calculaba en algo más de 11 millones. «Ustedes no tienen memoria» les dijo al recordar que el gobierno del PSOE y PSM tuvieron que pagar las nóminas con el dinero del convenio de carreteras.

La oferta del gobieno central la calificó de chantaje, que fue una de las palabras más oídas en el debate, injusta e insolidaria, pues aparta a los ayuntamientos sin remanentes que aportar a la causa nacional.

La expectativa se centraba en Més per Menorca, uno de los primeros en calificar la propuesta de chantaje y criticar la idea de la transferencia al gobierno de Pedro Sánchez. Su portavoz Miquel Maria mantuvo el tono de crítica porque el Decreto es «una extorsión a la Administración Local», además de injusto y contrario a la autonomía local.

Las formas también han sido feas, «el acuerdo nace con ilegitimidad democrática», dijo. Pero la cuestión clave es si apoyará la transferencia de los 39 millones de remanentes al Gobierno de España. «Haremos lo que más convenga a nuestros ciudadanos. ¿Eso significa que podemos acabar cediendo al chantaje? Sí, pero puede que el Decreto no sea convalidado en el Congreso o que salga con cambios sustanciales. Lo decidiremos en el seno del equipo de gobierno», agregó.

El resto de sus intervenciones tuvieron como destino el PP, al que llamó campeón del transformismo, del oportunismo y de la hipocresía política, «cree en la tutela de la administración local pero no cree en la autonomía local», espetó a Vilafranca.