El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma considera que la addenda aprobada por el Ayuntamiento de Maó en diciembre de 2016, que suponía una compensación de 1,8 millones de euros a Hidrobal por unas actuaciones en la red de agua y saneamiento, está debidamente justificada. La sentencia de 30 de octubre rechaza así el recurso presentado por el PP de Maó contra el acuerdo.
El fallo del Juzgado comparte los argumentos del equipo de gobierno municipal, en cuanto que las obras a sufragar están debidamente documentadas y que la addenda supone «el restablecimiento del equilibrio económico del contrato», que se había visto alterado por las inversiones en cuestión. Describe la sentencia que, de los informes y estudios aportados, se deprende que los trabajos fueron ordenados por el Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en la prórroga del contrato, y que suman un importe de 2.023.298 euros, de los cuales 1.850.161 está reconocidos por el Consistorio. Esta es la parte que se abona con una addenda «ajustada a derecho» para «dar continuidad al servicio».
Para fundamentar su recurso, el Grupo Popular planteó que la addenda es nula al vulnerar principios contables obligados, carecer de informes preceptivos, entre otros documentos como una memoria económica financiera, e incumplir la concesionaria las condiciones estipuladas en el contrato, entre ellas suministrar agua potable.
La sentencia rebate estos argumentos, da por suficiente la documentación, defiende que la addenda es una opción del contrato y entiende que no depende de la empresa la calidad del agua. En cuanto a la memoria, la sentencia la relaciona con revisión de la ordenanza de regulación de tasas que se aprobó en paralelo a la addenda, ya que una parte del importe ( 568.374 euros) debía repercutir en las tarifas, pero que no forma parte de la causa. Ahora mismo el equipo de gobierno no tiene previsto aplicar esta revisión, ya que en su momento la dio por congelada hasta que no se resolviera el problema de los nitratos.
Esta addenda corresponde al abono de unas inversiones asumidas por la concesionaria entre 2007 y 2009, en su mayoría. Los trabajos se certificaron en un informe de 2013, pero desde los servicios económicos municipales se pusieron reparos, lo que conllevó la oposición del PP que consideraba lesionado el interés del municipio. Ante las dudas, se contrató una auditoría externa que confirmó que las obras están realizadas y ejecutadas a precio de mercado, pero con algunas deficiencias formales.
2 comentarios
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Un amala noticia para los maoneses y muy extraña la resolución del juez teniendo en cuenta el resultado desfavorable de la auditaria que consta remitida a la sindicatura de cuentas y que erroneamente ( no quiero pensar que interesadamente) este periodico dice que es buena, muy raro a no ser que no hayan remitido documentacion interesadamente. Se requiere recurso inmediadto en defensa de los intereses de Mao.
Pero si el agua no es potable???? Que cobran? El agua de lluvia es mucho mejor que la que viene por la tuberías viejas.