Rechazo de los alcaldes al certificado energético que exige el nuevo PTI

El Consell cambiará el artículo 55 del nuevo Plan Territorial Insular ante la discrepancia expresada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears y todos los ayuntamientos. La causa del desacuerdo es la exigencia para nuevas construcciones de un certificado energético A, la acreditación de la dotación de alcantarillado y un informe sobre recursos hídricos. Ahora la cuestión es saber cuándo se cambiará. Los alcaldes reclaman que sea cuanto antes, sin esperar a la aprobación definitiva del PTI.

El nuevo PTI está aprobado de forma inicial y el artículo 55 ya se aplica. En principio no se podría modificar hasta la aprobación definitiva del texto, que no sucederá pronto. El conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, prefirió ayer no dar plazos. En la junta de alcaldes, el conseller se comprometió a evaluar fórmulas jurídicas para dejar el contenido del artículo 55 sin efecto antes de la aprobación definitiva. Advierte que no es sencillo y opciones como una aprobación provisional previa, que se valoró el miércoles junto al Colegio de Arquitectos, no se perciben como muy viables aunque se analizará también. Pastrana explica que en el caso del informe de suficiencia de suministro de agua sí ve factible que se pueda aceptar la propuesta realizada por algunos ayuntamientos de que las licencias se puedan aprobar en base a la existencia de los planeamientos generales en cada municipio que garantizan ya el abastecimiento en las zonas urbanas y a los documentos que acreditan el adecuado suministro en los planes de los nuevos espacios urbanizables a medida que se crean. Más complicada parece la cosa en lo que se refiere a que los nuevos edificios dispongan de la calificación A de eficiencia energética. Pastrana asegura que esto cambiará en el PTI definitivo, pero considera «muy complicado» que se pueda dejar sin efecto antes. «Es un aliciente más para llevar a cabo la aprobación definitiva cuanto antes». El conseller está abierto a opciones como rebajar el nivel de calificación exigido o incluso cambiar los parámetros de referencia. «En la Península es más fácil, pero con las técnicas constructivas de aquí es muy difícil, fuimos demasiado optimistas. Esto no se tuvo en cuenta», argumenta con autocrítica. Pastrana defiende la filosofía de sostenibilidad de estos requisitos, aunque admite que «tenemos que ser más cuidadosos para adecuarlo a la realidad y que no demore la actividad». Coincide con este razonamiento Carol Marquès (Sant Lluís), «supone repetir la burocracia en una administración ya colapsada, no tiene sentido». Sobre el certificado A, Marquès considera que «es un aspecto que no deben controlar los ayuntamientos, los arquitectos ya cuentan con un Código Técnico al que ceñirse, no es algo urbanístico». Ametller lo secunda y afirma que, simplemente, «es excesivo». El Ayuntamiento de Ciutadella introdujo el artículo 55 del PTI en el orden del día de la junta de alcaldes. La alcaldesa Joana Gomila se da por satisfecha con el respaldo del resto del consistorios y el compromiso del Consell de modificar este punto en el redactado definitivo, pero matiza que «necesitamos que se dé algún paso de forma más rápida para poder dar respuesta a los proyectos que van entrando». Gomila, como Maó, señaló que requisitos como la calificación A pueden ser de compleja aplicación en el casco antiguo. «La filosofía la compartimos, claro, pero no así». Para José Luis Benejam (Alaior), el artículo 55 tendría que «quedar en suspenso de inmediato de forma cautelar». El motivo es que «nos enreda, hace más lentas las tramitaciones, justo lo contrario de lo que pretendemos y de la agilidad que piden los vecinos, los controles deben ser ágiles». Joana Escandell (Es Castell) también expuso ayer que «ya alegamos en su día que son cuestiones que prolongan los trámites y suponen muchas pegas».