Un grupo de a lumnos de Educación Secundaria aguardan el autobús escolar en Ciutadella.

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La custodia compartida de los hijos es un régimen para hacerse cargo de los menores tras un divorcio que en los últimos años no ha dejado de crecer. Permite que los niños convivan con ambos progenitores en periodos alternos, lo que significa que tienen dos casas pero –y ahí radica el origen del problema que denuncia un grupo de familias–, solo uno de los domicilios consta a efectos de empadronamiento.

Esto limita su acceso al servicio gratuito de transporte escolar en igualdad de condiciones que el resto de alumnos, cuyos padres no están separados.

La discriminación se produce porque los menores de un hogar divorciado que viven a más de tres kilómetros del centro educativo solo tienen derecho a una ruta, la del trayecto entre la casa donde figuran empadronados y el instituto. La ruta desde su otro hogar, cuando pasa el periodo que le toca con el otro progenitor, queda fuera de la ayuda pública. Eso también sucede sin que exista la custodia compartida, cuando los hijos pasan solo unos días, los recogidos en el acuerdo de divorcio, en casa de uno de sus progenitores y coincide que tienen que ir a clase.

«Expusimos el problema y la solución que nos dan es que o bien le cambien el carné semanalmente al niño en el instituto o que compremos un bono de transporte en la línea regular de autobús», comenta una de las personas afectadas, que prefiere reservar su identidad, «qué culpa tiene el niño o niña de que sus padres están separados, que les hagan un doble carné o lo que quieran, siempre que se pueda justificar legalmente con una sentencia de divorcio», reclama molesta. Además de la situación injusta para el menor, que no puede viajar siempre en el autobús escolar con sus compañeros y depende de que sus padres le lleven y traigan en coche, o de líneas regulares más bien escasas en según que zonas y urbanizaciones de la Isla, está la cuestión económica. «No entiendo por qué hay niños que tienen el mes entero gratis de autobús escolar y ellos, por el hecho de que sus padres están separados, tienen que pagar medio», señala este testimonio. Como agravante hay chavales que tienen la parada del bus del instituto cerca de una de las casas en la que pasan parte del tiempo pero, no están empadronados, por lo que no se pueden subir.

Al menos cinco familias se encuentran con este problema, padres y madres separadas que viven en distintos municipios de Llevant y han querido denunciarlo. No todos los niños van al mismo instituto, pero da igual si asisten a clase en el ‘Cap de Llevant’ o el ‘Pasqual Calbó’, la normativa vigente les discrimina sin dejar lugar a interpretaciones. Las instrucciones de la Conselleria de Educación sobre el transporte escolar ordinario para este curso dicen textualmente «en el caso de progenitores separados, los alumnos solo tienen derecho a una ruta» y añade que en los casos con custodia compartida, la exigencia mínima de uso del servicio será del 35 % de los trayectos de ida y de vuelta mensuales.